Santiago, 22 de abril de 2026.- El gobierno ingresó este miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, una propuesta de amplio alcance que combina medidas tributarias, laborales, regulatorias y fiscales, en un intento por reactivar la economía y enfrentar el escenario post-emergencias.
La iniciativa será analizada inicialmente por la Comisión de Hacienda, con participación de otras comisiones en materias específicas como medio ambiente y trabajo.
Un proyecto que va más allá de lo tributario
Aunque el eje económico es central, el proyecto incorpora cuatro grandes áreas: reformas económicas, modernización de permisos sectoriales, recortes fiscales y medidas de respuesta a emergencias.
Entre las principales medidas destacan:
- Reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% en un plazo de cuatro años.
- Reintegración total del sistema tributario, eliminando la doble tributación.
- Incentivos directos al empleo formal mediante créditos tributarios a empresas.
- Exención de contribuciones para adultos mayores sobre su vivienda principal.
- Eliminación del impuesto a ganancias de capital en acciones con presencia bursátil.
Además, se contempla un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones superiores a 50 millones de dólares, uno de los puntos más debatidos.
Apoyo al empleo y dinamización económica
El Ejecutivo apuesta a que estas medidas permitan reactivar el mercado laboral, especialmente considerando el actual nivel de desempleo.
Se propone un crédito tributario progresivo para fomentar la contratación formal, particularmente en pequeñas y medianas empresas, junto con incentivos para movilizar capitales retenidos y atraer inversión extranjera.
También se incluye la exención temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas, buscando reactivar el sector inmobiliario.
Cambios regulatorios y ambientales
El proyecto introduce modificaciones profundas al sistema de evaluación ambiental, buscando reducir tiempos y burocracia.
Entre ellas:
- Limitación de observaciones en evaluaciones ambientales.
- Reducción de plazos para invalidaciones.
- Simplificación de permisos para proyectos de inversión.
Asimismo, se incorporan cambios en organismos como SERNAPESCA y el Consejo de Monumentos Nacionales, con el objetivo de agilizar procesos administrativos.
Ajustes fiscales y control del gasto
En paralelo, el proyecto contempla medidas de austeridad:
- Eliminación de la franquicia tributaria SENCE.
- Pausa en la expansión de la gratuidad en educación superior.
- Aumento de incentivos al retiro en el sector público.
También se fortalece el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), permitiendo mayor cruce de información con otras instituciones del Estado.
Respuesta a emergencias y reconstrucción
El plan incluye financiamiento para la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios, ampliando el fondo de emergencia hasta cifras cercanas a los 1.200 millones de dólares.
Además, se establecen facilidades de pago de deudas para personas y Pymes, junto con incentivos tributarios para repatriar capitales desde el extranjero.
Cuestionamientos y debate constitucional
Desde la oposición, el proyecto ya enfrenta críticas y reservas de constitucionalidad. Entre los principales cuestionamientos:
- La extensión del régimen de invariabilidad tributaria podría exceder atribuciones legales.
- Posibles conflictos de interés en beneficios tributarios.
- Inclusión de múltiples materias en un solo proyecto, lo que podría contravenir normas constitucionales.
El debate promete ser intenso en el Congreso, donde la iniciativa deberá sortear tanto el análisis técnico como la disputa política.
Contexto: crecimiento, inversión y tensión política
El ingreso de este proyecto ocurre en un escenario económico marcado por bajo crecimiento, necesidad de inversión y presión por generar empleo.
El gobierno apuesta a una agenda pro-inversión y desregulación como motor de desarrollo, mientras sectores críticos advierten riesgos en equidad, institucionalidad y sostenibilidad fiscal.
La discusión recién comienza, pero ya se perfila como uno de los proyectos clave del actual periodo legislativo.
