Santiago, 6 de julio de 2026.- Una de las investigaciones bancarias más masivas de los últimos años tiene a BancoEstado en el centro de una trama que mezcla reclamos repetidos, retiros de dinero, redes sociales y una extensa querella judicial. La institución acusa que cerca de 7 mil personas habrían intentado realizar presuntos “autofraudes” luego de seguir instrucciones difundidas en TikTok.
Según informó The Clinic, el caso comenzó en abril de 2024, cuando la entidad detectó una serie de reclamos con un patrón similar: clientes recibían depósitos por montos acotados, retiraban el dinero rápidamente y luego denunciaban que no reconocían la operación, con el objetivo de obtener una restitución bajo la Ley N° 20.009.
La investigación, radicada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a que los movimientos se habrían coordinado mediante foros digitales y publicaciones en redes sociales. En esos espacios, usuarios compartían dudas, instrucciones y advertencias para replicar el mecanismo sin levantar alertas.
El monto retenido por orden judicial asciende a $6.386.845.316, mientras la causa considera cerca de 7 mil querellados.
De acuerdo con los antecedentes publicados, la operatoria incluía depósitos de hasta 35 UF y montos estandarizados que podían llegar a $1.200.000. Luego del retiro, los involucrados presentaban reclamos por supuestas transacciones no reconocidas, buscando activar la devolución de fondos contemplada en la normativa sobre fraudes bancarios.
El caso encendió alertas en el sistema financiero y también en el mundo político. La situación fue considerada dentro del debate que derivó en la Ley N° 21.673, normativa que modificó la regulación vigente y entregó nuevas herramientas a bancos e instituciones financieras para suspender restituciones cuando existan antecedentes suficientes de dolo o culpa grave por parte del usuario.
La diferencia es clave: la ley mantiene la protección para víctimas reales de fraude, pero permite revisar con mayor detención los casos sospechosos antes de ordenar devoluciones automáticas. En la práctica, busca cerrar espacios para denuncias falsas sin debilitar la respuesta frente a delitos bancarios efectivos.
Hasta ahora, la causa sigue bajo análisis judicial y mantiene fondos congelados por los tribunales de Santiago. El caso también deja una señal para los usuarios: replicar instrucciones virales para simular fraudes no solo puede terminar con productos bancarios bloqueados, sino también con una investigación penal.
El avance de la indagatoria será clave para determinar responsabilidades individuales y establecer si existió coordinación organizada o una reproducción masiva de conductas impulsadas por contenidos difundidos en redes sociales.
