Santiago, 28 de noviembre de 2024.- La Fiscalía Regional de Magallanes ha confirmado la apertura de una investigación penal en relación con el posible acceso “ilegal o indebido” a los antecedentes de una causa que involucra al presidente Gabriel Boric, la cual está relacionada con una denuncia por acoso sexual. Este desarrollo se produce en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y el manejo de información sensible en el ámbito gubernamental.
Durante una reciente entrevista en CNN Chile, la abogada Patricia García abordó la controversia que rodea a esta situación, señalando que el gobierno, a través de su abogado y la vocera, ha hecho declaraciones sobre cómo conocieron la denuncia. García enfatizó que, según el sistema judicial, nadie puede acceder a una causa reservada sin la debida acreditación. “Es importante destacar que para ver una causa en la fiscalía, uno debe estar acreditado como abogado”, afirmó, añadiendo que, incluso en causas abiertas, el acceso no es genérico y requiere acreditar la relación con el caso específico.
García también subrayó que el acceso no autorizado a información reservada de naturaleza penal constituye una violación de secreto, lo que podría configurar un delito. “No es casualidad que el fiscal regional Crisosto haya iniciado otra investigación para determinar quién accedió a esta información”, señaló, sugiriendo que la situación podría tener implicaciones legales serias para quienes hayan infringido el secreto de la causa.
La polémica se intensifica tras el anuncio del gobierno, que reveló la existencia de la denuncia al público, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de su acceso a información que debía permanecer en la esfera de la reserva judicial. Este hecho plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad y la ética en el manejo de información por parte de las autoridades.
La Fiscalía Regional de Magallanes, liderada por el fiscal Crisosto, tiene la tarea de investigar y esclarecer los hechos en torno a este caso, que ha captado la atención del país y ha puesto en el centro del debate la protección de la privacidad y la integridad de los procesos judiciales.
