En tal sentido, la entidad difundió una gráfica donde recuerda que “en el año 2012 el Estado de Chile fue denunciado por la organización Movilh en la CIDH por la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental”.
Debido a esto, añadió la Contraloría, “el 2016 el Estado decidió subscribir un Acuerdo de Solución Amistosa para solucionar el conflicto. Este acuerdo se basó principalmente en el compromiso del Estado de promover leyes, política y programas a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans, intersexuales, queer y otras identidades LGBTIQ+”
La Contraloría explicó que en el año 2018 la fue “consultada acerca de la legalidad de este acuerdo determinando finalmente que era “legal y vinculante”. Esto, puesto que Chile firmó previamente compromisos internacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos que la obligan este tipo de acuerdos”.
El Movilh valoró que “la Contraloría enfatice el carácter lega y vinculante de los compromisos asumidos. El Estado lo componen tres poderes el Estado, y todos ellos tienen la obligación internacional de cumplir con el ASA, el cual para la Contraloría es obligatorio”.