A su vez aseguró que se han “propuesto un calendario exigente” para los anuncios, contemplando 15 días para dictar medidas administrativas y 45 días para que los proyectos de ley ingresen al Parlamento.
En otra línea, aseguró que en septiembre se dará inicio a un Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía que a través de diálogos y debates, consultas y cabildos, se realizarán aportes para una “Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
Texto Discurso
Queridos compatriotas:
He decidido hablarles directamente a través de esta cadena nacional, porque las tareas fundamentales para nuestra democracia deben ser abordadas de cara a los ciudadanos.
El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos.
Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder, debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí misma, tal como lo he dicho en otras ocasiones.
Pero no podemos quedarnos en lamentaciones y recriminaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz.
Hace cuatro días recibí el sólido informe elaborado por la Comisión presidida por Eduardo Engel, y hoy ya está disponible para ustedes en la página de Internet del Consejo Asesor.
Contiene diversas propuestas para luchar en forma eficaz contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.
He estudiado en detalle estas propuestas. Basada en ellas, en las medidas que he venido implementando, en leyes actualmente en trámite, y en otras propuestas que me han entregado líderes sociales y políticos, he definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral, para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos.
Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero.
El servicio público es para servir y no para obtener privilegios; los negocios son para crear desarrollo y no para abusar o engañar.
Ésta será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo. Porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública.
Son muchas las medidas que llevaremos adelante, y no puedo detallar cada una de ellas en el tiempo reducido de este mensaje. A fines de la próxima semana entregaremos el plan completo, para que todos ustedes puedan ser parte de esta lucha común.
Pero quiero describirles las grandes áreas en las que actuaremos y les daré algunos ejemplos de medidas concretas, administrativas y legales.
En primer lugar, vamos actuar sobre la actividad política y de los partidos. Sé que muchos desconfían de ella, pero si no hay vida política de calidad, no hay democracia, ni derechos ni equidad social. Y a nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos.
Por eso, entre otras medidas, transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito.
Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana.
Fortaleceremos al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley. Daremos autonomía constitucional al Servel.
Regularemos detalladamente el financiamiento de las campañas electorales. Lo importante debe ser el debate de ideas.
Por ello, reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.
Y, tal como lo anunciamos hace unos días, todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños.
Pero también debemos fortalecer la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio público. Vamos a ampliar el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del Gobierno de turno para designarlos y removerlos.
Aumentaremos las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado.
En segundo lugar, cuidaremos el modo en que se hacen los negocios. Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas.
Dentro de mis prioridades destaco las siguientes:
Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.
Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.
Tercero, regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre la política y los negocios.
El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado.
Vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades.
Regularemos la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.
Estableceremos un registro público obligatorio de lobistas, para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.
Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores.
Tal como lo he impulsado en el Parlamento, ampliaremos significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
Esto se aplicará ahora, por ejemplo, a los consejeros de las instituciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades claves municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y también a las o los cónyuges de las autoridades.
Necesitamos, sin duda, mejores leyes y sistemas de fiscalización y sanciones efectivos para que la ley se cumpla realmente y no haya impunidad para nadie.
Mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público.
Pero las leyes, aunque sean buenas, no bastan. La calidad de nuestra vida pública debe descansar en convencimientos éticos que cada uno valora y sigue. Debemos ser una sociedad del respeto mutuo, de la confianza, del sentido de justicia.
Esa es la transformación más importante que debemos emprender. Y actuaremos decididamente en este ámbito.
Daremos un lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar. Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Definiremos códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado.
Necesitamos una ciudadanía consciente y vigilante. Crearemos el Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios del Estado.
Para llevar adelante el conjunto de medidas, nos hemos propuesto un calendario exigente. Para las medidas administrativas nos hemos puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento.
Pero partiremos trabajando ahora. A partir de mañana, daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia, así como a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.
Esta reforma no es una simple suma de medidas aisladas. Ellas tienen un sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea del Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir.
Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución.
Por eso quiero anunciar que en Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos.
