San Joaquín, 20 de abril de 2026.- Durante la Semana de la Transparencia, una actividad en terreno permitió acercar herramientas clave sobre acceso a la información pública a autoridades locales. La iniciativa incluyó la entrega de material normativo y orientaciones sobre obligaciones legales vigentes.
Entrega de materiales en actividad territorial
En el marco de la Semana de la Transparencia, se realizó la actividad “Consejo en Terreno”, instancia en la que se concretó la entrega del denominado “Pack de Transparencia”.
Este material incluye compendios normativos, cartillas de obligaciones y documentos informativos, orientados a facilitar el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información pública.
La entrega fue realizada por Denisse Febre, administrativa de la Unidad de Expediente Electrónico del Consejo para la Transparencia (CPLT), al alcalde Cristóbal Labra Bassa.
Objetivo del pack de transparencia
El conjunto de documentos tiene como propósito reforzar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia, especialmente en instituciones públicas a nivel local.
Estos materiales buscan facilitar el acceso a información clara sobre los deberes establecidos en la normativa vigente, contribuyendo al fortalecimiento de prácticas institucionales vinculadas a la rendición de cuentas.
Qué es el Consejo para la Transparencia
El Consejo para la Transparencia (CPLT) es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Fue creado a partir de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, promulgada el 11 de agosto de 2008, publicada el 20 de agosto de 2008 y vigente desde el 20 de abril de 2009.
Funciones y marco legal
El CPLT tiene como función principal velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia, garantizando el derecho de acceso a la información pública.
Misión institucional
De acuerdo con su definición oficial, su misión es:
“Contribuir a fortalecer la democracia en Chile a través de la rendición de cuentas y el control social, al garantizar su ejercicio, fiscalizar su cumplimiento y promover el contenido del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la función pública.”
Jaime Oyaneder Ramírez
