Migración irregular a Chile: efecto bumerán de políticas restrictivas

Actualmente, Chile es uno de los pocos países que no firmó el Pacto Mundial sobre Migración lo que para las organizaciones da un indicio de la perspectiva que tiene sobre el tema, por lo menos en este último Gobierno

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Santiago, 10 sep (Sputnik).- Un récord de extranjeros ingresó de forma irregular a Chile este año y al menos 11 personas han muerto en pasos clandestinos en la frontera norte del país. Organizaciones sociales consideran que, en parte, las políticas restrictivas del Gobierno han generado esa situación.

Un análisis del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) alertó que entre enero y julio de este año, según datos oficiales, ingresaron a Chile 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que representa un máximo histórico.

“La situación migratoria en Chile se comenzó a agravar el año pasado, con el contexto de pandemia, el cierre de fronteras, y las medidas que comenzaron a adoptar muchos países de América Latina, pero sobre todo Chile.

Que fueron desde un enfoque bastante restrictivo y criminalizador”, dijo a la Agencia Sputnik la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, Vanessa González.

Asimismo, recordó que el Gobierno de Sebastián Piñera ha venido promulgando políticas migratorias que han sido “restrictivas, selectivas y discriminatorias”, desde antes de la pandemia.

Recientemente Chile promulgó una nueva Ley de Migración y Extranjería que si bien tiene algunas aristas que apuntan a regularizar la situación de los migrantes, para González tiene un enfoque que fortalece la selectividad y discriminación ya que impulsa la vía consular como principal mecanismo para la regularización.

En ese sentido, recordó que en los países donde se ha impulsado este tipo de medida es donde más ha aumentado el ingreso irregular de personas, dado las complicaciones que los migrantes encuentran para conseguir todos los requisitos necesarios para acceder a ella.

Por su parte, el director de la organización Migra Chile, que brinda asesoramiento legal a los migrantes, Diego Persico, recordó en diálogo con esta agencia que en noviembre de 2020 el Gobierno chileno canceló y suspendió el otorgamiento de las denominadas “visas de responsabilidad democrática” para venezolanos

Un compromiso que había asumido el Ejecutivo en 2018, por lo que miles de personas que habían comenzado a tramitarlas quedaron a la deriva con una única opción para ingresar al país: pasos no habilitados.

“Ese fue uno de los grandes motivos por el que la gente empezó a ingresar de forma irregular a Chile”, dijo.

“En 2019, Piñera fue a la frontera entre Colombia y Venezuela e invitó a los venezolanos a venir a Chile, en un acto político que para nosotros fue una especie de show”, añadió González.

Sin embargo, dijo, poco después creó una visa consular para los venezolanos, quienes desde entonces deben solicitar una incluso para poder venir de turismo.

En ese sentido insistió en que las nacionalidades a las que les exigían visa consular antes de la nueva ley (como Venezuela) son las que más ingresan de manera irregular.

Según los datos difundidos por el SJM, de las 23.673 personas que ingresaron a Chile de manera irregular hasta julio casi 18.000 son venezolanas.

SEGURIDAD NACIONAL VS ENFOQUE HUMANITARIO

Ambos consideran que el enfoque de las políticas del Gobierno frente a la migración es equivocado ya que se basa en la seguridad nacional cuando debería ser en los derechos humanos.

“Las políticas públicas están mal enfocadas toda vez que se basan en la expulsión y en medidas de prohibición o entorpecimiento de la materialización de la obtención de una visa y no en ver cómo recibimos y ayudamos a estar personas que están llegando por razones humanitarias. Ese es el foco”, dijo Persico.

Además, consideró que se ha demostrado que hay recursos para atender la situación migratoria de una forma más humanitaria.

En ese sentido hizo referencia a la cantidad de millones de dólares que el Gobierno gastó con la licitación de 15 aviones comerciales para poder expulsar a más de 1.800 migrantes de aquí a un año, y dijo que, por ejemplo, podría destinarse a políticas de inclusión y de acompañamiento al migrante.

Asimismo, recordó que se trata de expulsiones que la propia justicia chilena ha definido como ilegales y arbitrarias.

Además denunció las detenciones arbitrarias e ilegales de migrantes que se han realizado en el país a efectos de poder expulsarlos de manera más rápida.

PANDEMIA COMO EXCUSA

La pandemia de covid-19 también ha servido como excusa para algunos gobiernos para limitar la entrada de extranjeros.

“Además se comenzó a criminalizar a las comunidades migrantes colocándolas como el foco de la pandemia”, lamentó González.

En ese sentido aclaró que entienden las medidas sanitarias necesarias, pero critican la securitización de esas políticas que ha llevado a reforzar las fronteras con mayor presencia policial y la incorporación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio.

“Eso lo hace es mostrar cómo Chile coloca la migración como un tema seguridad nacional”, añadió.

Para el director de Migra Chile, el ingreso de migrantes por razones humanitarias está por sobre todas las cosas, incluso de la pandemia, ya que son movimientos forzados de personas y no turismo.

Ambos cuestionan también la criminalización de los migrantes que se ha dado en los últimos años que busca instalar en la opinión pública que las personas que llegan de manera irregular han cometido un delito o se las presenta como potenciales infractoras de la ley.

Además advierten sobre un éxodo masivo de haitianos que se están yendo de Chile por la violencia sistemática que han recibido y no haber podido acceder a derechos y vidas libres de discriminación.

ESPERANZA

Finalmente, ambos expresan sus expectativas ante el proceso de redacción de una nueva Constitución que se lleva adelante el país ya que consideran que va a jugar un papel muy importante en cómo se va a tomar el rol del migrante en Chile.

“Es momento de que Chile comience a tomar responsabilidad con respecto a la migración con un enfoque de derecho”, dijeron.

Las organizaciones buscan que se reconozca en la Constitución que los pueblos migrantes son parte de los pueblos que habitan en Chile, así como que sea un texto que aborde la interculturalidad y los principios de igualdad y no discriminación justamente por motivos de origen o nacionalidad.

Principalmente esperan que quede plasmado el derecho humano a migrar como uno de los derechos fundamentales, lo que sería un “hito importante”, ya que llevaría a que todas las políticas migratorias tengan que basarse en eso.

Actualmente, Chile es uno de los pocos países que no firmó el Pacto Mundial sobre Migración lo que para las organizaciones da un indicio de la perspectiva que tiene sobre el tema, por lo menos en este último Gobierno. (Sputnik)

Camila Cardoso