Equipo de DDHH de ONU: “Escuchamos testimonios perturbadores”

"La Oficina llama a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares".

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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que el equipo de cuatro personas que estuvo presente en el país durante tres semanas finalizó su visita este viernes.

Mediante un comunicado, desde Naciones Unidas detallaron que el equipo pudo viajar a siete regiones diferentes: Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Región Metropolitana y Valparaíso.

Además, pudieron visitar comisarías, cárceles y hospitales, recintos a los cuales las “autoridades proporcionaron acceso sin restricciones”.

La labor del equipo fue “evaluar la situación de derechos humanos relacionada a las protestas, incluyendo durante el estado de emergencia”.

Los enviados de la ONU han “revisado alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad; información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos, y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas”.

“El grupo sostuvo reuniones con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de la policía (Carabineros), con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 integrantes de la sociedad civil”.

En la misma línea, expresaron que se entrevistaron con más de 230 víctimas “incluyendo personas que resultaron detenidas y/o heridas durante las protestas, así como policías heridos y extensos testimonios, muchos de ellos perturbadores”.

Por último aclararon que el equipo “también analizó información sobre actos de violencia contra fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad”, entre otros temas.

Finalmente, “la Oficina llama a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras –incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente”.