Santiago, 31 ene (Sputnik).- En Chile se han aprobado leyes tendientes a criminalizar al manifestante y a las protestas pacíficas, alertó este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a este país.
“La CIDH observa con preocupación los paquetes legislativos tendientes a criminalizar la protesta social, desatando múltiples problemas para quienes son víctimas de las vulneraciones”, señalaron las autoridades del organismo en conferencia de prensa en Chile.
Después de una visita de seis días para abordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el estallido de la crisis social en octubre del año pasado en Chile, la CIDH entregó este viernes sus principales conclusiones y entre ellas, se refirieron en específico a una serie de leyes redactadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.
En particular, son tres leyes las que fueron criticadas por organismos de derechos humanos y por el sector más progresista de la oposición, argumentando que la policía utilizará esta nueva legislación para reprimir marchas que son pacíficas.
El primero es la llamada “ley anti saqueo”, que fue aprobada esta semana por el Congreso y que aumenta las penas de cárcel para varios delitos cometidos en el contexto de una manifestación, como los saqueos, las barricadas, los cortes de tránsito y otros.
También fue mencionada la denominada “ley anti encapuchados”, que busca crear penas de cárcel para aquellas personas que cubran su rostro al participar de desmanes en una protesta, proyecto que aún no es aprobado y que encontró un poco más de resistencia en el Congreso.
Por último, existe una iniciativa gubernamental que busca permitir que las Fuerzas Armadas se desplieguen en la ciudad para resguardar la infraestructura crítica del país en casos de protestas, proyecto que fue avanzando paulatinamente en su trámite legislativo.
“Las intervenciones para disolver manifestaciones debe estar fundamentada en un riesgo grave para la vida de las personas y cuando no fuere posible otros medios”, argumentó la CIDH.
La crisis social en Chile se arrastra desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.
Otros órganos nacionales e internacionales también establecieron que la policía y el Gobierno de Sebastián Piñera violaron los derechos humanos durante el periodo de la crisis, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. (Sputnik)
