Un total de 535 abortos se realizaron en el sistema público de Salud de Chile en el primer año de vigencia de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en tres causales, según cifras oficiales publicadas hoy por el diario La Tercera.
Dicha ley, que despenalizó el aborto en los casos de inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo originado en una violación, entró en vigor en septiembre del 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet y el periódico obtuvo los datos tras invocar la ley de transparencia ante las autoridades del sector
De la cifra total, 277 abortos fueron por la causal de riesgo de vida de la madre, 165 por inviabilidad del feto y 93 por violación.
Esta última cifra equivale a “menos del 5 por ciento de lo proyectado”, según dijo al periódico la doctora Paz Robledo, asesora del Ministerio de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet.
El detalle de los abortos señala que, del total, 45 correspondieron a mujeres menores de 18 años, y de ellos, 32 se originaron en casos acreditados de violación, de los cuales la mitad afectaron a niñas de 14 años o menos.
El Colegio Médico, en tanto, consideró que las autoridades han incurrido en una “implementación débil” de la ley, porque la cifra total “es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud, que estimó unas 2 mil 500 interrupciones de embarazo al año”, antes de su entrada en vigor.
Según Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género del Colegio Médico, ello se debe a que las autoridades han puesto el foco del problema “en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a decidir”.
45 niñas abortaron este año, 23 menores de 14 años,
— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) 30 de diciembre de 2018
32 de las 45 fueron violadas. Hospitales públicos informaron 535 procedimientos de aborto legal por alguna de las tres causales.
Es necesario que el Estado adquiera un mayor compromiso para que ninguna mujer quede fuera”, subrayo Crispi.
Junto con la ley, se aprobó la objeción de conciencia para permitir que médicos y otros profesionales que no aprueban el aborto no participaran en los procedimientos, garantía que se extendió también a instituciones completas.
Según los datos proporcionados por los hospitales públicos, en el primer año de vigencia de la ley se presentaron en total 702 casos de embarazos que cumplían con los requisitos de la ley de aborto, pero 167 de esas mujeres decidieron continuar la gestación en los programas de acompañamiento que están tambiénestablecidos en la normativa.
