Santiago, 25 oct (Sputnik).- Un informe de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur publicado este lunes a dos años del inicio del estallido social instó a Chile a fortalecer la protección de los derechos humanos durante las manifestaciones y criticó, entre otras cosas, el excesivo uso de la herramienta cautelar de prisión preventiva.
“El informe considera excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones”, alertó el organismo a través de un comunicado.
La ONU destacó que Chile tomó en consideración algunas de las recomendaciones que le hizo al país por medio de un informe publicado a finales de 2019.
Documento en que determinó que se registraron múltiples violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes del estallido social (18 de octubre de 2019), pero advirtió que muchas medidas aún no se han implementado.
“Aún persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”, agregó.
El organismo detalló que uno de los derechos que no se garantiza en plenitud es el de reunión pacífica para manifestarse, asegurando que la normativa de autorizaciones para las protestas en las calles data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Además, señaló que los protocolos que rigen el uso de la fuerza de Carabineros deben ser armonizados con las normas internacionales, debido a que se siguen registrando uso inadecuado de granadas lacrimógenas y carros lanza aguas contra las personas de manera indiscriminada
También, la oficina de la ONU sostuvo que durante las marchas aún se registran hostigamiento y violencia policial contra brigadistas de la salud, observadores de derechos humanos y periodistas.
“Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de estas personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe ser protegida”, dijo en el comunicado el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Asimismo, el informe criticó varios proyectos de ley que comenzaron a tramitarse en el Congreso después del estallido social, como uno que exime responsabilidad penal a funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en ciertas situaciones.
Uno que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de infraestructura crítica y una ley que ya fue aprobada en 2020 que castiga específicamente a quienes detengan el tránsito con una barricada.
Por último, la ONU señaló que no hubo una reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, asegurando que el Estado ha sido ambivalente en el discurso público al no reconocer su responsabilidad.
“Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo”, añadió Jarab.
El 18 de octubre de 2019 se registraron protestas, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que dio inicio a semanas de masivas manifestaciones ciudadanas denominadas “estallido social”, en las que los chilenos protestaron contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Pinochet.
La represión policial y de las Fuerzas Armadas dejaron un abultado saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales. (Sputnik)
