En el Informe Especial 2016 sobre la situación de libertad de expresión en Chile, presentado hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, aunque reconoce formalmente al sector comunitario, la legislación actual en Chile resulta discriminatoria e impide su desarrollo y sustentabilidad. También mostró preocupación por la intimidación a medios indígenas mapuches y por la persistencia de penas de prisión en la Ley de Telecomunicaciones por el uso de frecuencias sin autorización.
“La Relatoría Especial reitera al Estado que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su desarrollo y sustentabilidad”, puede leerse en el documento de la Relatoría.
En este sentido, el informe sostiene que “no parece existir ninguna razón para impedir que las radios comunitarias puedan tener cobertura local o nacional, dependiendo de su proyecto social… Asimismo, los límites prestablecidos para acceder a financiamiento a través de la publicidad resultan arbitrarios. Las radios comunitarias deben tener acceso a recursos para garantizar su sustentabilidad financiera de su proyecto en condiciones de igualdad… es necesario asegurar que el financiamiento estatal no disuelva la independencia de la radio comunitaria, pues de esta manera se estaría perdiendo el valor genuinamente comunitario de este sector de la radiodifusión”.
Además, el informe de la Relatoría manifiesta la preocupación por las denuncias recibidas sobre intimidación a periodistas de radios comunitarias indígenas, lo cual es ejemplificado a través de la radio Kimche Mapu y la periodista Mireya Manquepillan. “La periodista Manquepillan ha sido víctima constante de presiones y actos de hostigamiento por parte de Carabineros de Chile, como consecuencia de su labor periodística. La radio Kimche Mapu difunde denuncias sobre uso de la fuerza excesivo, allanamientos y detenciones a miembros de la comunidad Lof Kulche Mapu, quienes reivindican tierras ancestrales y reclaman su ocupación por empresas forestales en la comuna de Lanco, Valdivia”, señala el documento de la CIDH.
Otra de las cuestiones que generaron estado de alerta y preocupación por parte de la Relatoría tiene que ver con “la vigencia en el ordenamiento jurídico de Chile de sanciones penales por el uso de frecuencias sin autorización”. En este sentido, el documento de la Relatoría recuerda que “el establecimiento de sanciones de tipo criminal para la radiodifusión comercial o comunitaria, que pueda verse enfrentada a una falta por la inexistencia o el mal uso de la licencia, es una reacción desproporcionada a los intereses que se busca proteger”.
El Relator Especial de Libertad de Expresión, Edison Lanza, realizó una visita oficial a Chile entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016. En abril de este año presentó sus observaciones preliminares y, más recientemente, algunas conclusiones en el capítulo II del Informe Anual 2016 de la CIDH. Allí reconocía avances en materia de libertad de expresión pero alertaba sobre los altos niveles de concentración de medios en el país y la discriminación a los medios comunitarios.
