Los Huesos hablan: las exhumaciones de los asesinados por el franquismo en España

Carlos Marín, uno de los arqueólogos españoles que excavó campos de batalla, espacios represivos y fosas comunes, explicó qué rol han tenido las exhumaciones en la construcción de memoria, verdad y justicia en España, el segundo país del mundo con más fosas comunes, superado sólo por Camboya.

Esas fosas comprenden cunetas, cuevas, descampados, montes, partes traseras de cementerios, bajo carreteras ensanchadas o zonas urbanizadas con el tiempo; la mayoría está en zonas controladas por franquistas desde el comienzo de la Guerra Civil (1936-1939).

En esas fosas probablemente estén los restos de más de 114.226 personas desaparecidas durante la Guerra Civil  y la dictadura franquista (1939-1975), según los datos oficiales recabados en 2018 por la Audiencia Nacional; aunque hay consenso entre las organizaciones de ciudadanos abocadas al tema de que la cifra es mayor.

Marín señaló que actualmente se habla de entre 130.000 y 150.000 víctimas en total; 130.000 del bando republicano —compuesto por españoles y pertenecientes a más de 50 brigadas internacionales—, y 20.000 falangistas. No obstante, se han recuperado más de 8.000 cuerpos en más de 600 fosas.

Los números no son exactos porque a 80 años del fin de la guerra e inicio de una dictadura de casi cuatro décadas, las exhumaciones siguen siendo organizadas y gestionadas por agrupaciones de ciudadanos, no por la Justicia de España. Los magistrados consideran las desapariciones forzadas del franquismo como crímenes comunes y prescritos (se justifican con la Ley de Amnistía de 1977).

Ante la imposibilidad de conseguir justicia a través de los organismos del Estado, los familiares de las víctimas y sobrevivientes empezaron a excavar ellos mismos. Marín recordó que hay casos que incluso datan de la década del 50, pero sobre todo durante las del 60 y 70.

La función de ese tipo de exhumaciones “no era tanto identificar a los cuerpos, que es una complicación porque hay gente de más de 50 nacionalidades en todo el territorio, sino mostrar que habían sido asesinados y darles un entierro digno, aunque sea colectivo, en un cementerio, que no estén en una cuneta“, dijo Marín.

El arqueólogo contó la historia de Esperanza Pérez, una palentina que después de la muerte del genocida Franco en 1975, investigó pueblo a pueblo el paradero de ocho familiares fusilados y terminó exhumando a 150 víctimas del franquismo.

Los falangistas fusilaron a su padre cuando ella tenía 18 meses, en 1936; lo fueron a buscar al campo donde trabajaba junto a su familia, en Palencia, en Castilla y León. Se llevaron a ocho de sus familiares, los asesinaron a todos. Pérez se exilió a Bélgica, militó en el Partido Comunista y en los años 70 volvió a España con el propósito de encontrar los restos de sus familiares. Encontró los huesos de su padre porque fue hasta la casa de su victimario y le exigió que le dijera dónde estaba enterrado.

Estos desentierros pre-científicos “terminaron radicalmente” en 1981, cuando hacía apenas tres años se había aprobado la nueva Constitución española y militares nostálgicos de la dictadura franquista intentaron dar otro golpe de Estado.
“Se volvió a imponer el miedo”, resumió Marín.

Fue recién en el 2000 cuando un arqueólogo y un antropólogo participaron por primera vez en una exhumación impulsada por familiares y se incorporaron protocolos científicos. Se realizó en Priaranza (León), en busca de Emilio Silva Faba y otras 12 personas. Ese mismo año se empezaron a excavar las trincheras de la Guerra Civil.

Desde entonces “surge esta arqueología que trabaja a demanda de los familiares por toda España, orientada a la identificación y devolución de los restos. Como si fuera un peritaje forense, para la Justicia, pero sin que haya justicia. (…) Es incuestionable que lo que estamos documentando en las fosas son las pruebas del genocidio que ocurrió“, agregó Marín.

A partir de 2005 los medios de comunicación comenzaron a mostrar (y generar una narrativa) sobre los restos. “Cambió un poco el ideario colectivo”, dijo Marín.

En 2007, durante el primer mandato de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (del Partido Socialista Obrero Español, PSOE) se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que reconoció y amplió derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Sin embargo, la ley no dispone la apertura de las fosas comunes por parte del Estado, pues las delega a las asociaciones de víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), pionera en la exhumación científica, ha criticado la ley junto a otra decena de organizaciones.

Uno de los puntos que señalan es que niega que los delitos del franquismo hayan sido de lesa humanidad al reconocer la “memoria personal y familiar” de las víctimas como un “derecho individual”. La ARMH considera que así se deslinda de responsabilidades al Estado, cuyo deber es generar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves su derecho a la verdad,  justicia y reparación.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con la norma; Amnistía Internacional la definió como “alejada del Derecho internacional”. Bajo los dos mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), del Partido Popular, la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación.

Hoy la gran mayoría de las exhumaciones siguen realizándose a demanda de familiares. Esta arqueología es mantenida por miles de voluntarios en todo el Estado; sólo la ARMH cuenta con unos 5.000. “Un verdadero trabajo a pulmón y en igualdad de condiciones con los familiares”, reconoció Marín.

Marín indicó que también es “una arqueología pública”: más allá de recuperar cuerpos, “sirve para juntar a la gente y hablar de forma colectiva, hacer público los debates, los problemas, lo que se ha estado callando durante 80 años. Muchas veces la propia excavación sirve para una catarsis colectiva y que la gente empiece a hablar, a nivel terapéutico es bastante potente“.

Los huesos de los exhumados se devuelven a las familias envueltos en la bandera de la Segunda República Española.“Es la bandera legítima y democrática, la de ahora es una bandera monárquica impuesta por Franco, con la que no nos identificamos. Entregamos los restos con la republicana aunque los familiares después los entierren en ceremonias católicas, a pesar de que el muerto haya luchado por ideales anarquistas“, aseguró Marín.

Ante los casi nulos avances en España, en abril de 2010 las víctimas del franquismo presentaron una querella en los tribunales de Buenos Aires, Argentina. Amparados en la legislación internacional de la Naciones sobre Justicia Universal, dieron inicio a una investigación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, para que se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente, como se lee en la web de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).

En abril de este año murió el impulsor de la querella, Darío Rivas, quien en 2005 recuperó los restos de su padre, Severino Rivas, alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo), asesinado en octubre de 1936. “Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado”, escribió en la placa que colocó en su tumba.

Tras la exhumación Rivas volvió a Argentina, donde había emigrado con nueve años, pero no estaba satisfecho. Sabía que quedaban muchos padres por rescatar aún de las fosas y cunetas. En 2010, a los 90 años, se convirtió en la primera firma de la querella tras el portazo de la justicia española. Su causa sigue abierta a 10.000 kilómetros de España.

La querella denuncia principalmente tres tipos de delitos: las desapariciones forzadas, el robo de niños y las torturas.

Sobre las torturas acotó: “el régimen franquista empezó matando y murió matando. Hay una intensidad de asesinatos en los años 40, pero matan hasta los años 70“.

En 2018 la jueza argentina María Romilda Servini ordenó la primera exhumación. Ascensión Mendieta, hija de Timoteo Mendieta, a sus 91 años logró hacerse del cuerpo de su padre, fusilado el 16 de noviembre de 1939. Servini ordenó la exhumación a los voluntarios de la ARMH y a voluntarios antropólogos forenses del Reino Unido.

En febrero de 2019 el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió perdón a las víctimas y exiliados españoles. Ahora prevé exhumar los restos de 35.000 personas del Valle de los Caídos que están enterrados alrededor de los genocidas José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista Falange Española, y Franco, cuyos restos prevén llevar al cementerio de Mingorrubio (El Pardo), donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.

Los nietos de Franco, la Fundación que lleva su nombre y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos tienen interpuestos ante el Supremo de Justicia recursos contra ese acuerdo del Gobierno en los que solicitan la suspensión cautelar de la exhumación. El fallo del tribunal está pendiente.