La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entregó su informe sobre la visita realizada hace algunas semanas a Venezuela, en donde denunció graves violaciones a los derechos humanos.
Bachelet, visitó el país caribeño entre el 19 y 21 de junio, tras lo cual elaboró un documento de 18 páginas, en donde se incluyen 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo al mismo, Nicolás Maduro y al líder opositor, Juan Guaidó.
El informe abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. ¿Y la conclusión? “Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”.
“Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo 1.557 fallecimientos por falta de suministros”,detalla el documento.
Además, se señala que “el Gobierno (de Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”.
“Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que, en último término, aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”, se expresa en el informe.
Bachelet manifiesta que, en la última década, “Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado de la independencia del Poder Judicial”.
En este mismo sentido, detalla que “todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado, especialmente, a determinadas personas y grupos, entre ellos, a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.
Asimismo, reitera que “esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”.
“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES (en represalia a las protestas antigubernamentales)”, explica el informe.
En la misma línea se considera que el Sebin Helicoide no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género. “Guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección”.
Dentro de los relatos, se consigna que “se sometió a detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales”.
“Se ha levantado la inmunidad a 22 diputados, entre ellos, el Presidente de la Asamblea Nacional. Dos parlamentarios se encuentran en detención y 16 han buscado protección en embajadas, han abandonado el país o se han escondido”, sostiene la representante de la ONU.
También se piden “medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”.
La ex Mandataria chilena solicitó que se realicen “investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas, las muertes de indígenas, y se lleve a los responsables ante la justicia” y que se ponga “en libertad a todas las personas privadas, arbitrariamente, de su libertad”, entre otro conjunto de medidas.
