Santiago, 10 ene (Sputnik).- No gustó ni a moros ni a cristianos. Casi transversal fue el rechazo que generaron los indultos presidenciales entregados la semana pasada a 12 reos que fueron apresados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.
La oposición criticó duramente al presidente Gabriel Boric por la decisión y ejerció una serie de acciones para castigar al Ejecutivo, como detener las conversaciones en el acuerdo legislativo nacional por la seguridad y presionar para provocar la salida de autoridades gubernamentales responsables, que finalmente se concretaron.
El sector más conservador del oficialismo condenó la forma y los errores que cometió el gobierno en la ejecución de la medida y los izquierdistas más radicales consideraron insuficiente la cantidad indultos entregados.
Casi sin aliados, Boric pudo haber esperado que los mismos indultados salieran a apoyarlo, pero eso tampoco sucedió. Uno de ellos, lejos de calmar las aguas, al dejar la cárcel emitió un incendiario discurso llamando a no bajar los brazos y a seguir la rebelión. “A mis compañeros les digo que no suelten las calles. Los insurrectos no nos calmamos”, señaló Luis Castillo, uno de los beneficiados.
En el sur de Chile hay un dicho para calificar esa situación: “no me ayude tanto, compadre”.
Según la encuestadora privada Cadem, 64 por ciento de la ciudadanía estuvo en desacuerdo con los indultos. Y el mismo estudio mostró que la gestión del mandatario alcanzó un 70 por ciento de rechazo, la más alta desde que asumió el cargo en marzo del año pasado.
¿A qué grupos intentó satisfacer el presidente con esta medida? ¿Era este el momento adecuado para hacerlo, justo cuando el oficialismo estaba alcanzando un acuerdo con la oposición en materia de delincuencia y seguridad? ¿Por qué el presidente se lanzó a una piscina que parecía no tener agua? La respuesta está en su candidatura.
LA IDEA
Una de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial Boric en 2021 fue impulsar una ley de amnistía para todos aquellos que cometieron delitos en el marco de las protestas del estallido social de finales de 2019 e inicios de 2020.
El compromiso de Boric con esta empresa era tal que su primera medida cuando asumió el cargo fue retirar las 139 querellas que el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) interpuso por Ley de Seguridad del Estado en el contexto del estallido social y darle prioridad al trámite legislativo de la ley de amnistía.
Pero esta ley no encontró mucho respaldo en el Congreso, perdió aceleración y quedó enterrada, sin avances. Entonces llegó la presión del ala más a la izquierda del oficialismo, cuyos líderes le recordaron a Boric a finales de 2022 que una de las razones por las que había sido electo era su promesa de libertad de los presos de la revuelta.
Aunque no hay un catastro oficial de cuántos de los manifestantes del estallido social que están presos, se estima que son alrededor de 210, cruzando datos de las organizaciones de familiares de las víctimas del estallido, del Poder Judicial, de Fiscalía y de Gendarmería.
“En estas fiestas de fin de año, lamentablemente no estamos todos. Nos faltan nuestros presos políticos del estallido social, los cuales salieron a luchar por nuestros derechos sociales y lamentablemente fueron criminalizados. Hago el llamado al Gobierno a conceder indultos particulares y me encargaré de que no se pierda el enfoque en materia de derechos humanos”, dijo el 28 de diciembre a los medios la senadora Fabiola Campillai, víctima de la represión del estallido (perdió la vista, el gusto y el olfato producto de un disparo policial) y un ícono de los movimientos sociales de izquierda.
La última semana del año, con la presión encima del Partido Comunista (izquierda) y del Frente Amplio (izquierda), el presidente Boric indultó a 12 manifestantes y a Jorge Mateluna, un exguerrillero, integrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue condenado en 2013 por su participación en el asalto a un banco.
Y todo lo que pudo salir mal en esa gestión, salió peor.
LA EJECUCIÓN
El viernes 30 de diciembre el Gobierno emitió un comunicado: 10 manifestantes condenados por diversos delitos durante el estallido social habían sido indultados por el presidente, fecha elegida para que pudieran pasar Año Nuevo con sus familias.
Pero, a la media hora de que se publicó el documento, el ministerio de Justicia debió salir a rectificar. No eran 10, sino 12. El aviso más importante de fin de año ya venía con un error.
Boric debió salir a explicar el enredo en conferencia de prensa, pero cometió dos errores más: se equivocó al citar el número de ley que permite los indultos (dijo ley 19.050 y es la ley 18.050) y uno más grave: admitió que indultó a Mateluna porque tenía la convicción de que en el juicio hubo irregularidades y afirmó que es inocente.
Y entonces se ganó otro adversario: la Corte Suprema.
Los ministros de la Corte se reunieron de forma extraordinaria ese mismo día y emitieron una declaración, “recordándole” al mandatario que la facultad de juzgar corresponde a los tribunales de justicia. “Ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, postuló el máximo tribunal.
Los líderes de los partidos de derecha también se reunieron y acordaron dejar la mesa de negociación sobre seguridad, que con mucha muñeca política estaba llevando adelante la ministra del Interior, Carolina Tohá, para unir ánimos entre oficialismo y oposición en la materia que más preocupa a los chilenos según todas las encuestas: la delincuencia.
DESPROLIJIDADES
La bola de nieve, que ya venía acumulándose, se hizo gigantesca la semana pasada cuando los medios revelaron que algunos de los manifestantes indultados tenían condenas anteriores por delitos comunes no relacionados al estallido social.
Uno de los beneficiados tenía un amplio prontuario policial, con causas por consumo y porte de drogas, conducción en estado de ebriedad y amenazas contra su expareja. Otro de los indultados tenía condenas por hurtos, por lesiones, por robo con violencia y por robo con sorpresa.
Esto contradecía directamente los dichos de Boric, quien aseguró cuando anunció la medida que ninguno de los indultados eran delincuentes, sino que manifestantes que cometieron delitos en un contexto de una revuelta.
Por segunda vez, el presidente debió salir a dar explicaciones, afirmando que hubo “desprolijidades” en su equipo a la hora de ejecutar su decisión. Acto seguido, aceptó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de Gabinete, principal asesor y amigo cercano, Matías Meza-Lopehandía, sindicados como los responsables de no revisar bien los casos.
El ambiente político quedó enrarecido y cuando nadie estaba muy seguro si el Gobierno se arrepentía o no de la medida, la ministra vocera Camila Vallejo realizó una conferencia de prensa. “Si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”, afirmó, dando a entender que sí lo estaban.
Actualmente, la derecha está presionando a Boric, pidiéndole que revierta los indultos, pero no existe ninguna ley ni normativa que permita a un mandatario revertir un indulto ni tampoco un antecedente de que esto haya ocurrido en el pasado.
Pero tampoco hay una ley que lo prohíba, lo que permitiría a Boric, en el caso de que lo estuviese pensando, buscar alguna salida a la avalancha de nieve que se podría avecinar. (Sputnik)
Francisco Bravo Atias
