Santiago, 30 jul (Sputnik).- Colchane es una de las comunas más pequeñas de las 346 que tiene Chile. Se ubica en la Región de Tarapacá (norte) a 3.650 metros de altura, y sólo viven en ella 1.728 personas, según el último Censo Nacional. Y a pesar de su tamaño, en los últimos años ha sido el foco de varias noticias.
Durante el plebiscito constitucional de 2020 fue una de las cinco localidades del país donde ganó la opción del Rechazo, junto con las tres comunas más ricas de Santiago y la Antártica, donde habitan principalmente militares. Y en las últimas primarias presidenciales, Colchane fue el único lugar de Chile donde nadie votó por un candidato de izquierda. Cero votos para el pacto Apruebo Dignidad.
No obstante, los procesos electorales y políticos de Colchane se tornan una anécdota cuando se aborda el tema migratorio, ya que este pueblo, cercano a la frontera norte con Bolivia, se transformó este año el ícono de la crisis migratoria que atraviesa Chile, con olas de migrantes ingresando al país por pasos no irregulares, extranjeros muertos, tráfico de personas y expulsiones masivas.
La situación se generó a comienzos de este año, cuando el Gobierno de Chile fortaleció las medidas migratorias en la frontera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile). Esto generó que los viajeros cambiaran sus rutas de ingreso al país y comenzaran a entrar por Bolivia, atravesando el desierto para llegar, justamente, a Colchane. En un momento se calculó que estaban ingresando 600 personas diariamente. La mayoría de nacionalidad venezolana.
A finales de enero de produjo un colapso. Colchane se llenó de migrantes, muchos de los cuales no podían trasladarse a Santiago o a las grandes ciudades por miedo a ser descubiertos y se instalaron en improvisados campamentos en plazas públicas, se tomaron casas abandonadas e incluso dormían en la calle.
Entonces vinieron las muertes. En febrero, dos ciudadanos venezolanos fallecieron por afecciones respiratorias asociadas al covid-19. En marzo, una mujer de 51 años murió en Colchane el mismo día que terminó de cruzar el duro camino por la frontera, y esta misma situación se repitió en junio y julio. Ya van nueve migrantes fallecidos.
Para contrarrestar esta crisis, el presidente Sebastián Piñera implementó una estrategia de contingencia llamada Plan Colchane, que consiste en expulsar de manera masiva a todos los migrantes que se encuentren en situación irregular en el país o que hayan ingresado por pasos no habilitados. El Ejecutivo firmó un contrato de 2.038.000 dólares con la línea aérea privada Sky Airlines para echarlos en aviones. Hasta abril habían sido expulsadas casi 500 personas.
Esta estrategia ha generado críticas de organizaciones pro derechos de los migrantes y se volvió el centro de la noticia esta semana cuando Human Rights Watch (HRW) entró en escena.
EXPULSIONES
“Chile debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos que buscan escapar de la devastadora crisis en su país de origen”, exigió HRW este miércoles a través de un comunicado, afirmando que Chile viola los derechos de los migrantes expulsados.
La organización aseguró que muchos de los migrantes son deportados a través de procedimientos sumarios sin tener acceso a la justicia ni a una apelación. “No se les permite hacer llamadas telefónicas ni hablar con abogados, muchas deportaciones se realizan los fines de semana cuando los tribunales de Justicia están cerrados y además se generan separaciones de familias”, advirtió.
Ante aquello, el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, respondió este jueves en conferencia de prensa. “Se nos pide terminar con las expulsiones y la verdad es que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Debemos llevar adelante los procesos administrativos y si eso da como resultado una expulsión, eso debe materializarse”.
Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile, detalló a Sputnik que de enero hasta abril se ejecutaron 4468 deportaciones, de las cuales un 54% fueron judiciales y 46% administrativas.
“Chile ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Y no lo decimos solo nosotros, sino que múltiples organismos internacionales, agrupaciones migrantes y la propia Corte Suprema de Chile, pero el Gobierno no ha entregado una respuesta a la altura de la gravedad de lo que ocurre”, afirmó.
Ureta explicó que las expulsiones separan a las familias sin importar si hay hijos menores, personas enfermas o adultos mayores, haciendo hincapié en que la expulsión trata como delincuentes a personas cuya única falta es haber ingresado por un paso no habilitado.
“Todas las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, a quedarse en el país mientras se considera su situación y en esto, Chile debe adecuarse a las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, cerró
TRÁFICO, NEGOCIO MILLONARIO
En febrero se reveló que la Justicia colombiana abrió una investigación contra una agencia privada que en sus redes sociales ofrecía un viaje de ocho horas desde Caracas (Venezuela) hasta Colchane, cobrando 830 dólares por persona.
El Servicio Jesuita a Migrantes y diversas organizaciones han advertido del aumento progresivo de este delito desde el comienzo de la pandemia del covid-19. De redes internacionales dedicadas a traficar personas con coyotes que estafan y roban.
Según el medio Centro de Información Periodística de Chile (Ciper), existen agencias de viaje que cobran hasta 1800 dólares por un viaje desde Venezuela a Chile usando caminos que no aparecen en mapas, y muchas veces los guías abandonan a su suerte a los migrantes en el duro viaje por la frontera.
Aunque no hay cifras de este año actualizadas, la Fiscalía de Chile advirtió que desde el año pasado la cifra de este delito viene al alza. En 2020 se registraron 45 casos con 277 víctimas, entre ellos 63 menores de edad.
En Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes, de los cuales 457.000 son venezolanos, siendo la comunidad extranjera más grande en el país. (Sputnik)
