Una reforma constitucional acordada entre las ‘elites’ políticas chilenas y que no recoja con éxito las demandas populares podría resultar inútil para devolver la paz social a Chile, consideró la politóloga Javiera Arce.
Más de dos semanas después de que cientos de miles de chilenos comenzaron a salir a las calles para reclamar contra las políticas del Gobierno de Sebastián Piñera, el presidente chileno se mostró por primera vez abierto a habilitar un mecanismo de reforma constitucional.
En una entrevista con la cadena británica BBC, Piñera dijo que, una vez asegurado el orden público en el país, “vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”. El mandatario sostuvo que “en una democracia como la chilena hay una instancia para discutir las reformas constitucionales y esa instancia es el Congreso”.
Según Arce, las palabras de Piñera chocan con los reclamos de la gente en las calles, que “lo que quiere es cambiar la estructura” de la actual Constitución chilena, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta Carta Magna está basada “en dos ejes programáticos: uno neoliberal a ultranza, que ha desprotegido a los ciudadanos, y otro amparado en una ideología conservadora que no permite ningún reconocimiento de derechos”.
Para la politóloga, “la fractura entre el Gobierno, el sistema de partidos y la sociedad es tan fuerte que no existe capacidad de articulación o entendimiento”. Así, puntualizó, los manifestantes han preferido canalizar su descontento a través de “cabildos autoconvocados” y no a través del sistema de partidos, que actualmente “son incapaces de representar el sentir ciudadano”.
Arce señaló que las últimas encuestas de opinión pública demuestran la desconfianza de los chilenos en todo el sistema político. En efecto, el estudio ‘Termómetro Social’ presentado el 3 de noviembre por el Núcleo de Desarrollo Social, financiado por el Ministerio de Economía, coloca al presidente de la República, los ministros, los parlamentarios y los partidos políticos, respectivamente, en los últimos cuatro escalones en confianza de la ciudadanía.
En este marco, la experta chilena resaltó que “en el sistema de partidos nadie representa a nadie” y que el sistema de partidos “no tiene capacidad de vincularse con lo que está sucediendo en la calle”.
Un ejemplo de eso, consideró la analista, es que sectores de la oposición como el Frente Amplio y el Partido Comunista centren sus esfuerzos en promover una acusación constitucional (juicio político) y no en promover con mayor énfasis una asamblea constituyente. “Si vas a desgastar y radicalizar la discusión, hagámoslo entonces para hacer una nueva Constitución y no para acusar a Piñera, que no tiene ningún sentido si no se tienen los votos”.
“Estamos entrampados en un limbo porque estamos dando soluciones conservadoras a un problema de fractura social muy fuerte”, analizó.
¿Cómo se reforma la Constitución chilena?
La actual Constitución chilena, aprobada en 1980, prevé que los proyectos de reforma constitucional “podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional”.
El proceso, que puede incluir observaciones por parte del presidente o los congresistas, culmina con la convocatoria a un plebiscito.
En ese sentido, el Congreso chileno tiene a estudio dos proyectos de ley que permitirían avanzar en la posibilidad de realizar cambios en la Carta Magna desde el Poder Legislativo. Una de las propuestas conformaría una comisión en la que, además de los congresistas actuales, participarían ciudadanos electos para esa instancia.
“Habría que asegurar alternativas metodológicas para ver cómo se recaba la información desde la calle porque no se pueden seguir perpetuando los pactos entre élites, que es justamente lo que la gente está despreciando”, remarcó.
La politóloga aseguró que, más allá de la vía institucional para buscar una reforma constitucional, el camino “tiene que tener un componente muy fuerte de participación ciudadana, o de lo contrario [la movilización] no va a parar”.
¿Logrará Piñera concluir su mandato?
A medida que las protestas fueron creciendo en las principales ciudades de Chile, la salida de Piñera de la Presidencia se consolidó como uno de los reclamos más compartidos por los manifestantes, en su gran mayoría autoconvocados y sin una plataforma de reivindicaciones concreta.
El presidente chileno, que asumió en marzo de 2018, reiteró su voluntad de culminar su mandato, estipulado para terminar en 2022. Sin embargo, para la politóloga Arce, la situación no es tan auspiciosa para el mandatario.
“La verdad es que en estos momentos el presidente no tiene capacidad para gobernar. En su equipo son incapaces de entender las necesidades de la gente y eso tiene que ver con una posición de clase porque no tienen idea de cómo vive más del 70% de la población”, señaló.
Arce reconoció que el estallido social tal vez podría haberse dado también durante un Gobierno de la centro-izquierda. Sin embargo, recordó que, en su inicio, la protesta fue “gatillada por declaraciones muy desafortunadas de su equipo político, enviando a la gente a levantarse más temprano o a comprar flores”.
En el mismo sentido, evaluó que “las soluciones que ha entregado el presidente no han estado a la altura del nivel del conflicto”.
A pesar de la situación en la que se encuentra Piñera, la politóloga consideró que una renuncia —única alternativa para su salida debido a la mayoría oficialista en el Congreso— abriría otra situación no menos compleja.
“Si eso llegase a suceder, entonces ¿quién tendría que gobernar? Sería muy complejo porque los partidos de la oposición aún no son capaces de ponerse de acuerdo en algunos pisos mínimos”, analizó.
