Santiago, 21 dic (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó el martes una política nacional contra el crimen organizado que consiste en dotar de más facultades a las policías y organizaciones encargadas que combaten este tipo de delitos y actualizar las leyes penales vigentes.
“Hoy presentamos la primera política nacional contra el crimen organizado en el marco de uno de los desafíos más grandes que tenemos, que es hacer frente a estos nuevos tipos de delitos, un crimen organizado que trae consigo una escalada de violencia y temor en los barrios, que penetra en las diferentes esferas de la sociedad, genera corrupción y resquebraja la confianza hacia el Estado”, dijo el mandatario en conferencia de prensa desde el palacio de La Moneda, sede del Gobierno.
A través de una serie de proyectos de ley que entrarán a discusión en el Congreso, esta estrategia buscará atacar el crimen organizado a partir de diez pilares de acción: desbaratar la economía de las bandas; disminuir su poder de fuego; perseguir sus redes en las cárceles; dotar de más equipamiento y tecnología para los entes persecutores; actualizar los marcos normativos y legislativos de los delitos y dar formación institucional y de capital humano a quienes enfrentan los crímenes.
Además, se buscará prevenir la corrupción de las instituciones públicas; reformar Carabineros (policía militarizada) con objetivos específicos para perseguir el crimen organizado; fomentar la cooperación internacional y fortalecer las instituciones de inteligencia del Estado.
La primera discusión legislativa será actualizar la tipificación de los delitos llamados “importados”, que han ido en aumento en Chile en el último año, como son el sicariato y los secuestros, perfeccionando las definiciones y aumentando las penas.
Para trabajar contra las bandas en las cárceles, se les entregarán más facultades a los gendarmes para intervenir en los módulos y se mejorará la tecnología para inhibir la señal de celulares.
Otro de los proyectos apunta a aumentar las sanciones para quienes porten armas en espacios públicos y dar más facultades a la policía para monitorear y fiscalizar el porte.
Estos y los demás proyectos se irán ingresando de manera paulatina durante las próximas semanas al Congreso y el Gobierno le entregará urgencia para que los parlamentarios prioricen esta discusión antes del receso legislativo por vacaciones en febrero. (Sputnik)
