A menos de un año del inicio del Proceso de Regularización Migratoria implementado por el Gobierno desde abril del año pasado, el balance del Ejecutivo es que cerca de 12 mil extranjeros que habrían cometido infracciones migratorias que ameritan la apertura de un proceso de expulsión donde se determinará su eventual abandono del país.
Según explicaron desde La Moneda, la gran mayoría de los afectados se habrían acogido al proceso fuera de plazo, o tendrían antecedentes penales en sus países de origen.
El asesor de Migraciones del Gobierno, Mijail Bonito, aseguró que las expulsiones colectivas no son una opción, por lo que cada proceso tendrá un análisis puntual de las características de cada caso.
Por su parte, el director del Servicio Jesuita a Migrantes, el sacerdote jesuita José Tomás Vicuña, plantea que tanto el Proceso de Regularización como otras políticas migratorias del Gobierno, no han tenido la efectividad esperada.
En la misma línea, el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, criticó el enfoque de seguridad nacional con el que se ha desarrollado el proceso, y aseguró que seguir proyectando la imagen de estado expulsor perjudica la vigencia de los derechos humanos.
El senador Carlos Bianchi, de la Comisión de Régimen Interior, plantea que no solo se debe regularizar a los migrantes residentes en el país, sino que también se debe fortalecer la seguridad en la frontera.
Aunque la proyección inicial es de 12 mil posibles expulsados, el Gobierno ha señalado que llevará a cabo un monitoreo entre aquellos extranjeros que no se acogieron al proceso de regularización.
