San Joaquín, 25 de febrero de 2026.- La revelación de un decreto firmado en enero que otorgó la concesión para un cable submarino entre China y Chile abrió un nuevo foco de tensión política. La información, difundida por la prensa, derivó en cuestionamientos por la falta de comunicación oficial y en versiones contradictorias dentro del propio Ejecutivo.
El decreto que contradijo la versión oficial
El 27 de enero, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que aprobó la concesión del proyecto de cable submarino China-Chile, impulsado por China Mobile International, entre Hong Kong y Concón.
Tras la publicación del documento, el Ejecutivo sostuvo que la decisión no estaba completamente adoptada. Se indicó que el decreto no había sido enviado a Contraloría y que el proceso contemplaba 12 etapas administrativas.
Sin embargo, el texto establecía una vigencia de 30 años para la concesión, con inicio de obras previsto en un mes y una ejecución estimada de 18 meses. Dos días después de su firma, el decreto fue congelado.
Declaraciones que generaron fisuras internas
El subsecretario Claudio Araya señaló previamente que el proyecto estaba “en la recta final” y que, si se cumplían los requisitos técnicos, debía autorizarse. También informó que la solicitud de concesión se había presentado en noviembre.
Sus declaraciones generaron diferencias internas. Según trascendió, la relación entre el ministro Muñoz y el subsecretario atravesó un momento de tensión tras las entrevistas concedidas por Araya.
Advertencias desde Estados Unidos
El ministro Muñoz indicó que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le había advertido sobre la posibilidad de sanciones vinculadas al proyecto. Posteriormente, desde su entorno se precisó que la reunión formal ocurrió el 2 de febrero, después de la anulación del decreto.
El ministro Álvaro Elizalde afirmó que Muñoz retrocedió antes de reunirse con el embajador, mientras que la ministra Macarena Lobos sostuvo que, tras una audiencia con Judd en la que se plantearon preocupaciones, se decidió revisar los antecedentes.
Además, se informó que Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario Araya, recibió un documento de un representante de la embajada estadounidense en el que se advertían riesgos para la seguridad regional.
Hermetismo y cuestionamientos políticos
La negociación con la empresa china se realizó sin anuncios públicos previos. La controversia también se vinculó al impacto que podría tener en la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver.
El canciller Alberto van Klaveren sostuvo inicialmente que el Ejecutivo no había sido advertido sobre medidas relacionadas, mientras que posteriormente el ministro Muñoz reconoció haber informado al Presidente sobre la concesión y las alertas recibidas.
El Presidente Gabriel Boric calificó la revocación de visas como una medida “arbitraria, unilateral y sorpresiva”. La Cancillería utilizó términos similares en su declaración oficial.
Reacciones en el oficialismo y la oposición
El diputado Raúl Soto (PPD) señaló que la situación fue “muy mal manejada por el Gobierno” y mencionó “versiones contrapuestas entre autoridades”. El parlamentario Jaime Araya recomendó pausar las vocerías, mientras que Jaime Mulet afirmó que “alguien no está diciendo toda la verdad”.
Desde la oposición, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó en redes sociales la necesidad de evaluar la conformación de una comisión investigadora. Parlamentarios de RN, la UDI y Republicanos anunciaron que, tras el 11 de marzo, impulsarán esa instancia para abordar la concesión del cable submarino China-Chile.
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