Santiago, 20 de enero de 2025.- El asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile, ha sido calificado como un crimen político por la Fiscalía Metropolitana Sur. Según el fiscal Héctor Barros, el secuestro y posterior homicidio del activista no respondieron a intereses económicos, sino a su oposición activa al régimen venezolano, planteando preguntas sobre la participación del Tren de Aragua y posibles conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro.
El caso Ronald Ojeda: un crimen con implicaciones políticas
Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano y conocido opositor al régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en su residencia en Chile. Según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, los perpetradores terminaron siendo agentes de la Policía de Investigaciones, utilizando una orden de detención falsa. Su cuerpo fue hallado el 1 de marzo, enterrado en una toma de terrenos en Maipú.
El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que se trató de un asesinato por encargo, ejecutado en un plazo de 72 horas tras el secuestro.
Detenidos y vinculaciones con el Tren de Aragua
De los cinco implicados en el crimen, dos se encuentran en prisión preventiva: un menor de 17 años y Maickel Villegas, ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica. Según Barros, el Tren de Aragua, conocido por su actividad criminal, habría sido contratado para llevar a cabo el secuestro y asesinato.
El fiscal descartó la existencia de motivaciones económicas en el caso, señalando que no hubo exigencia de rescate, como suele ocurrir en secuestros de este tipo. “Esto fue un sicariato con un trasfondo político”, puntualizó.
Activismo y perfil político de la víctima
Ronald Ojeda no solo fue un militar retirado, sino también un activista político que participó en intentos de golpe de Estado contra el gobierno venezolano. Antes de emigrar a Chile, había estado involucrado en movimientos opositores que le valieron una persecución política. Además, en diciembre de 2022, realizó un viaje a Venezuela con la intención de organizar una nueva acción en contra del régimen.
El fiscal Barros concluyó que, según la investigación, el gobierno venezolano estaría detrás de este asesinato. Este caso refuerza las tensiones sobre la presunta intervención política en crímenes cometidos fuera de sus fronteras.
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