Santiago, 1 sep (Sputnik).- “No es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé”, recitó la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en un discurso de las Naciones Unidas, recordando una canción del cantautor cubano Pablo Milanés.
La hoy alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es también una impulsora del Apruebo, la campaña que promueve votar a favor de la propuesta constitucional en el plebiscito nacional de este domingo, y la frase que pronunció transparentó algo que a muchos líderes del sector progresista les costó admitir: el nuevo texto es perfectible.
Por eso, los partidos de izquierda y centroizquierda se reunieron para firmar un compromiso escrito: si gana el Apruebo el 4 de septiembre, sus parlamentarios impulsarán reformas en el Congreso para modificar aquellos puntos polémicos o poco claros del texto. “Ese acuerdo fue muy importante. Aunque a nosotros nos gusta mucho la propuesta, es evidente que se han producido algunas dudas y confusiones”, confesó a Agencia Sputnik el diputado Tomás Hirsch, presidente del partido Acción Humanista (izquierda) y uno de los diez firmantes del documento.
“Este compromiso clarifica, despeja dudas sobre algunos temas relacionados a la justicia indígena, a las expropiaciones y otros asuntos que fueron tergiversados por una parte de la derecha, que manipuló la información para crear confusión en la ciudadanía.
Si bien, nadie debe pensar, por ejemplo, que la autonomía territorial de los pueblos originarios significa que los chilenos no van a poder transitar libremente por el territorio nacional, queremos dejarlo claro para que no existan dudas”, señaló el parlamentario.
Cuando la Convención Constitucional terminó en julio de redactar los 388 artículos de su propuesta de carta magna, el sector conservador de la política chilena que busca que se rechace el texto comenzó a criticar algunas disposiciones, apuntando a temas de fondo como una eventual ambigüedad en materia de justicia indígena, la eliminación del Senado o la instauración de la reelección presidencial.
La respuesta inmediata del ala progresista de la política, sobre todo desde la izquierda, fue defender la propuesta constitucional a ultranza. “No sé que le podríamos cambiar. Es un texto muy completo, muy positivo”, dijo a los medios locales el presidente del Partido Comunista (izquierda), Guillermo Teillier.
La izquierda tardó varios meses en admitir que el documento sí era perfectible y que la estrategia de no reconocerlo podía minar el camino del Apruebo. Desde la centroizquierda, y en particular desde Partido Socialista, acusaron que la intransigencia de la ultraizquierda era uno de los principales impedimentos para que la campaña a favor de la nueva Constitución no despegara en las encuestas.
Desde julio hasta la fecha, todos los estudios de opinión han dado por ganador a la opción del Rechazo, casi siempre con una ventaja cercana a diez puntos porcentuales.
Por eso, el 11 de agosto, a menos de un mes del plebiscito constitucional, la coalición oficialista de izquierda Apruebo Dignidad y el bloque centroizquierdista Socialismo Democrático decidieron dejar sus disputas de lado. Sus líderes se encerraron en un salón y protagonizaron una intensa jornada a puertas cerradas, sin la participación de ningún representante del Gobierno (que por normativa debe permanecer neutral). Luego de varias horas, salió humo blanco y consiguieron el esperado acuerdo, que busca motivar a la gran masa de indecisos a votar Apruebo.
PUNTOS A CAMBIAR
Para la derecha y gran parte del grupo del Rechazo, uno de los mayores problemas de la propuesta constitucionalidad es su “excesivo indigenismo”. Aseguran que la Convención, que contó con 17 convencionales indígenas electos con herramienta de escaños reservados, privilegió en demasía las facultades de los pueblos originarios y critican, por ejemplo, la creación del Sistema Jurídico Indígena.
Este supuesto “indigenismo” que acusó la derecha fue una de las materias que el acuerdo se propuso revisar si gana el Apruebo.
El progresismo se comprometió a modificar los artículos del Sistema Jurídico Indígena para aclarar que estos serán tribunales voluntarios usados solo para dirimir algunas disputas específicas dentro de un mismo pueblo, y no significa que habrá un sistema paralelo de justicia al común de los chilenos.
Asimismo, los partidos acordaron revisar las disposiciones relativas a la autonomía territorial de los pueblos originarios, para que no se entienda que esto irá en contra del principio de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile
Otra de las dudas de aquellos que no quieren adoptar el nuevo texto constitucional es que este no contempla ninguna disposición para que los gobiernos decreten un estado de excepción constitucional de emergencia que permita desplegar a las Fuerzas Armadas en casos de crisis de seguridad.
Esto fue muy controversial, ya que el mismo presidente Gabriel Boric está haciendo uso de esta herramienta en la actualidad para contener los ataques incendiarios que afectan a la zona sur del país. El acuerdo izquierdista propone integrar esta medida al texto tras el plebiscito.
Una noticia falsa que pululó muchos meses en WhatsApp y Twitter, promovida principalmente por la ultraderecha, fue que si se aprobaba la nueva Constitución las personas no serían dueñas de sus casas y que el Estado sería propietario de todos los inmuebles.
Aunque aquello no está consagrado en ningún articulado del texto, muchos opinan que esa idea logró permear en cierta parte de la población. Los progresistas consensuaron explicitar que la propiedad de las viviendas está absolutamente asegurada.
También serán revisados los artículos relacionados con el sistema de pensión de vejez, el sistema de salud, el sistema educacional y el sistema judicial, y se buscará eliminar la disposición que permite la reelección presidencial consecutiva, punto que generó revuelo incluso entre algunos adherentes del Apruebo.
Lo único a lo que no pudo llegar a acuerdo la izquierda fue el tema de la eliminación del Senado. La nueva Constitución propone reemplazar la cámara alta por un órgano denominado Cámara de las Regiones, con funciones distintas al Senado actual.
Para una parte de la oposición, la eliminación del Senado fue una estrategia de los convencionales cercanos al oficialismo para favorecer al Gobierno, que hoy no posee mayoría parlamentaria en esta instancia y que podría, eventualmente, conseguirla para una nueva elección de la Cámara de las Regiones. Además, la derecha dice que se eliminará un contrapeso para la Cámara de Diputados.
¿Y el mecanismo? La propuesta de Constitución establece un sistema para modificar el texto una vez que comience a regir. La norma dispone que el Congreso Nacional puede reformar la carta magna con proyectos que necesitan 4/7 de los votos a favor para ser aprobado.
Sin embargo, si aquella reforma contempla modificar un artículo que afecta al sistema político del país, a la forma de Estado, a los derechos fundamentales o a los capítulos relacionados con la naturaleza y al medio ambiente, se deberá convocar a un referéndum nacional.
El plebiscito constitucional se realizará el 4 de septiembre y hay más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar. El voto será obligatorio por primera vez en más de una década y serán dos las opciones que aparecerán en la papeleta: Apruebo, para adoptar el nuevo texto redactado por la Convención Constitucional, y Rechazo, para descartarlo e iniciar un nuevo proceso constituyente. (Sputnik)
