El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este martes ‘toque de queda’, entre las 08:00 de la noche y 05:00 de la mañana [hora local] en las cercanías de los edificios gubernamentales.
“No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas”, tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reza el Decreto Ejecutivo 888, firmado este martes por el mandatario.
Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el “estado de excepción”, declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días.
El decreto 888 se conoció luego que un grupo de manifestantes ingresara, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito.
Los manifestantes, que ya suman miles, están congregados entre la Casa de la Cultura y los parques El Ejido y El Arbolito, un área en cuyas cercanías se encuentran varios edificios gubernamentales, como el propio Parlamento, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, así como sedes ministeriales.
Por su parte, el Ministerio de Educación informó que “hasta nueva orden” se mantendrán suspendidas las actividades escolares en todos los colegios públicos y privados del país.
“Acciones conspirativas”
A la par de la publicación del nuevo decreto, el mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado de Ecuador leyeron un comunicado conjunto, donde calificaron de “acciones conspirativas” las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito, contra el ‘paquetazo’ de Moreno.
Estas acciones “pretenden instaurar un ambiente de caos en el país, con ataques violentos, contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados y toma de edificios e instalaciones estatales”, dice el comunicado, leído por el contralor, Pablo Celi.
“Las reivindicaciones de los movimientos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas empeñadas en destruir el orden democrático y revertir el proceso de reinstitucionalización y lucha contra la corrupción”, añade el texto.
Según leyó Celi, los poderes del Estado adoptarán “todas las acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la ley y la ética pública”.
Asimismo, señaló que alientan “el diálogo nacional, como el camino necesario para encontrar un cauce común”.
Denuncian represión
Este pronunciamiento de Moreno con los titulares de al Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo hicieron en Guayaquil, ciudad de la región Costa del país, a donde el mandatario trasladó la sede del Gobierno; mientras, en Quito se desarrolla la multitudinaria protesta, contra las medidas económicas.
Los manifestantes, principalmente del movimiento indígena, que tienen previsto realizar una huelga general en la capital ecuatoriana este miércoles 9 de octubre, rechazan medidas como la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, así como al diésel, que incrementó su costo.
Además, se oponen al envío de reformas laborales y tributarias al Parlamento, como anunció Moreno, en respuesta a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los descontentos, en su mayoría agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), han denunciado fuerte represión de las fuerzas policiales y militares durante los seis días que ha durado la protesta.
Este martes, particularmente, denunciaron excesos de los efectivos de seguridad, cuando manifestaban en las inmediaciones del Parlamento. Según la CONAIE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) hubo varios heridos, producto de la represión.
Más temprano, Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), vinculado a la CONAIE, dijo que al Gobierno catalogarlos de violentos ha intentado “manchar” la movilización de los pueblos originarios.
