Río de Janeiro (Brasil), 26 mar (Sputnik).- ¿Qué tiene que ver la crisis en Ucrania con lo que ocurre en las profundidades de la selva amazónica? A primera vista, son dos realidades distantes, pero la globalización conectó los dos mundos
Las sanciones a Rusia podrían dificultar el acceso de Brasil a los fertilizantes, básicos para su pujante sector agrícola, y el Gobierno quiere solucionarlo abriendo las tierras indígenas a la explotación minera.
“Es injustificable, absurdo, inaceptable. Es una propuesta que va en contra de los derechos indígenas asegurados en la Constitución”, se lamentaba en declaraciones a la Agencia Sputnik la diputada Joenia Wapichana, la única parlamentaria indígena de Brasil.
Para entender el problema hay que retroceder un poco en el tiempo: Brasil lleva semanas mirando de reojo la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Más allá de los llamamientos a la paz y el diálogo y una postura clara contra las sanciones unilaterales, al Gobierno brasileño lo que más le preocupa es el impacto en el comercio internacional, sobre todo de fertilizantes.
DEPENDENCIA DEL EXTERIOR
Brasil es el mayor productor de alimentos del mundo, un gigante agrícola cuya economía se basa en buena parte en la exportación de “commodities” (materias primas) como la soja, el maíz o el café.
Esas plantaciones crecen con la ayuda de fertilizantes que en su gran mayoría se importan (o se importaban) de Rusia. El año pasado fueron 55 millones de toneladas.
Una asociación sectorial afirmó recientemente que ahora hay “stock” apenas para los próximos tres meses. Preocupa especialmente la cadena NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). En el caso de este último, el 95 por ciento de lo que se usa en Brasil viene de fuera. El país tiene una dependencia enorme del exterior y ahora lo está sufriendo.
El Ministerio de Agricultura lanzó hace poco un Plan Nacional de Fertilizantes que busca reducir esa dependencia en un 50 por ciento antes del año 2050.
Pero en paralelo hay que buscar medidas a corto y medio plazo. Con ese telón de fondo, Bolsonaro dio un nuevo impulso a su viejo proyecto de ley para permitir la minería en tierras indígenas, alegando que allí habría grandes reservas de potasio y que el país no se puede permitir el lujo de desperdiciarlas.
“Los indígenas con los que he hablado están a favor. Otros, obviamente influidos por ONGs, están en contra, pero una parte considerable de los indígenas quiere hacer en su tierra lo que un hacendero hace en su propiedad”, decía la semana pasada el presidente.
La ley del Gobierno permitiría explotaciones mineras, pero también obras como centrales hidroeléctricas en ríos. El movimiento indígena cree que puede abrirse la puerta a un “todo vale” sin límites.
La diputada Wapichana critica que el debate es falso, porque los principales yacimientos de potasio ni siquiera están en la Amazonía, región que reúne la mayoría de territorios indígenas.
UN “FALSO DEBATE”
Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) reveló que, si se consideran todas las áreas de probables reservas de potasio, apenas el 11 por ciento de los 13,7 millones de hectáreas están en tierras indígenas.
“No haría falta atropellar nuestros derechos para producir fertilizantes (…) pero es el proyecto de Bolsonaro desde que pisó el palacio presidencial”, remarca la diputada.
De momento, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un aliado del presidente, dio a la tramitación de la ley un carácter de urgencia, lo que significa que no se debatirá en todas las comisiones reglamentarias y podría llevarse al plenario en pocas semanas.
Los movimientos indígenas y ecologistas se preparan para redoblar las movilizaciones. (Sputnik)
