Santiago, 16 de junio de 2025.- Un nuevo proyecto de ley presentado por senadores de diversos partidos busca sancionar penalmente la divulgación de antecedentes en investigaciones penales reservadas. Conocido como “Ley Mordaza 2.0”, el texto ha despertado inquietud entre organizaciones de prensa y autoridades. La ministra Macarena Lobos explicó la postura del Gobierno frente a la iniciativa.
Proyecto de ley busca sancionar filtraciones con cárcel
Senadores de diversas colectividades —Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)— presentaron una iniciativa legal que pretende penalizar la filtración de información en investigaciones penales declaradas secretas. El proyecto tipifica estas acciones como delito y contempla sanciones de cárcel, lo que ha generado preocupación entre actores del ámbito jurídico y periodístico.
Postura del Gobierno: leyes actuales son suficientes
En conversación con Radio Duna, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, expresó que “las filtraciones son ilegales y hoy día existe una normativa clara y precisa” para enfrentarlas. A juicio del Ejecutivo, tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal contienen regulaciones adecuadas para proteger la confidencialidad de las investigaciones.
“La libertad de prensa y expresión es una piedra angular de toda democracia”, afirmó Lobos, destacando que cualquier medida legal debe resguardar ese principio. La ministra reiteró que “con lo que hay basta” y que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen visiones divergentes sobre la necesidad de una nueva regulación.
Riesgos para la libertad de prensa
Según Lobos, el proyecto en discusión tiene “una reacción amplia que podría poner en riesgo” el derecho a informar. Aseguró que el Gobierno reconoce la importancia de sancionar duramente las filtraciones, pero subrayó que esto no debe hacerse a costa de los derechos fundamentales.
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