Santiago, 2 jun (Sputnik).- El Gobierno de Chile realizó este jueves un positivo balance sobre las primeras dos semanas del estado de emergencia impuesto en las regiones de La Araucanía y Biobío (sur), ya que aseguró que la medida ayudó a reducir los hechos de violencia en la zona.
“Hemos hecho un análisis de lo que ha sido el estado de excepción constitucional de emergencia y hacemos un balance positivo, de cinco eventos promedio al día que teníamos antes, con el estado de excepción, se redujeron a tres”, explicó la ministra del Interior, Izkia Siches, en conferencia de prensa.
La ministra detalló que la evaluación positiva fue compartida tanto por el Ejecutivo como por autoridades de Carabineros (policía militarizada), la Policía de Investigaciones (policía civil) y las Fuerzas Armadas, en el marco de una reunión de coordinación celebrada durante la mañana de este jueves.
“Concordamos en que los hechos no solo se redujeron en cantidad, sino que también en magnitud y grado de violencia”, agregó Siches.
Consultada por la prensa acerca de si el Gobierno extenderá por tercera vez la medida, para lo cual requeriría la aprobación del Congreso, la secretaria de Estado indicó que eso se verá la próxima semana, luego de que el Ejecutivo haga “más análisis de información y revisión de las estrategias, ya que las evaluaciones son continuas”.
Desde hace décadas se vienen registrando en el sur de Chile, específicamente en las regiones de La Araucanía y el Biobío, ataques incendiarios y armados contra empresas forestales, empresas de áridos e iglesias.
Estos hechos de violencia han sido vinculados por algunos sectores políticos a la histórica demanda territorial del pueblo indígena mapuche, pero esas denuncias no han sido ratificadas por la justicia.
A pesar de que, durante su candidatura, el presidente Gabriel Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar la medida y esta semana la extendió por otros 15 días más, hasta el 14 de junio.
El despliegue militar implementado por el Gobierno se enfoca principalmente en el resguardo de las rutas y los caminos rurales, evitando que los uniformados interfieran en el funcionamiento normal de las urbes. (Sputnik)
