Santiago, 26 de julio de 2025.- Una serie de documentos recientemente desclasificados en Argentina revela transacciones confidenciales de armamento entre los gobiernos de Juan e Isabel Perón y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Las ventas ocurrieron poco después del golpe militar de 1973.
Transacciones autorizadas por decretos oficiales
Según información publicada por medios como Clarín, los decretos 382 y 1140 del gobierno argentino autorizaron entre 1973 y 1974 la exportación de armamento militar a Carabineros de Chile. El envío incluyó 2.000 pistolas ametralladoras PAM, 6.000 pistolas Browning calibre 9 mm y 20 millones de cartuchos calibre 7,62 mm para fusiles FAL, entre otros materiales.
Ventas en dos etapas
La primera operación se concretó el 26 de noviembre de 1973, dos meses después del derrocamiento de Salvador Allende. La segunda se realizó en octubre de 1974. La documentación también indica que el paso fronterizo de Las Cuevas (Mendoza) fue utilizado para el traslado del armamento.
El historiador Rosendo Fraga afirmó que esta política “fue coherente con la estrategia de Perón quien había visto que se venían regímenes de derecha en América Latina”.
Apoyo directo a la Junta Militar de Pinochet
Los decretos establecieron que la Aduana argentina no debía revisar el contenido del cargamento. En particular, el decreto 1140 autorizó la venta de las pistolas Browning por un monto de 612 mil dólares, sin verificación aduanera.
El historiador Eduardo López, académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado, confirmó la existencia de un acta de la Junta Militar chilena que documenta la presencia de “un representante oficial de Perón en Chile que trae ayuda material y el respaldo argentino a la Junta”.
Condena judicial al legado económico de Pinochet
Recientemente, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó a los herederos de Augusto Pinochet restituir 16 millones de dólares al Estado chileno. El fallo indica que dichos fondos provienen de gastos reservados de la Presidencia y el Ejército, y se vinculan al llamado caso Riggs, sobre cuentas secretas usadas para ocultar patrimonio malversado.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, señaló que esta demanda “forma parte de un conjunto de acciones para reparar los perjuicios causados por la malversación cometida por Pinochet y sus colaboradores”.
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