Santiago, 3 de enero de 2026.- Venezuela amaneció este sábado en el centro de una grave crisis internacional, tras un amplio bombardeo de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro, en un escenario que abre un incierto y potencialmente violento cambio de ciclo político en el país caribeño
Ataque aéreo y captura de Maduro
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar de “gran escala” contra objetivos en el norte de Venezuela, incluyendo instalaciones en Caracas, la capital. Explosiones y sobrevuelo de aeronaves de baja altura fueron reportadas en bases militares como Fuerte Tiuna y la base aérea Miranda, así como en infraestructura estratégica cercana al puerto de La Guaira.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció poco después que Maduro había sido capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado fuera del país, asegurando que ambos enfrentarán cargos por narcoterrorismo en tribunales federales de Nueva York. Medios estadounidenses señalan que fuerzas especiales como Delta Force participaron en la operación dirigida específicamente a la cúpula del chavismo.
Reacción del gobierno venezolano y clima interno
Pese al anuncio de Washington, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que el gobierno desconoce el paradero de Maduro y exigió “pruebas de vida inmediatas”, cuestionando la narrativa de una captura limpia y sin resistencia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que los bombardeos impactaron también zonas civiles y afirmó que se está recabando información sobre posibles víctimas, al tiempo que prometió resistir cualquier presencia militar extranjera en el territorio.
Antes de la operación, Caracas había declarado un estado de emergencia y “perturbación externa”, figura que permite suspender derechos civiles y reforzar el rol de las fuerzas armadas, en un contexto ya marcado por protestas, militarización de la vida cotidiana y deterioro profundo de las condiciones de vida. En las calles, el temor a una escalada bélica se suma a la preocupación cotidiana por salarios de miseria, inflación descontrolada y el encarecimiento de alimentos y medicinas.
Oposición y disputa por la transición
La captura de Maduro abre un vacío de poder que la oposición venezolana busca llenar con una propuesta de transición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, figuras que ya habían sido reconocidas por Washington como referentes legítimos tras las cuestionadas elecciones anteriores. Voces opositoras señalan que ambos dirigentes trabajan desde hace años en planes de “100 horas” y “100 días” para estabilizar el país después de la salida del chavismo, abordando seguridad, economía, energía e infraestructura.
Analistas y organizaciones opositoras sostienen que Machado y González contarían con el respaldo de cerca del 70% de la ciudadanía, lo que les daría base política para un eventual gobierno de transición. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el rol que jugarán sectores del chavismo sin Maduro, el peso de las fuerzas armadas en cualquier acuerdo y el equilibrio entre justicia por las violaciones de derechos humanos y la necesidad de pactos que eviten una guerra interna.
Escalada con Estados Unidos y respuesta internacional
La ofensiva militar se produce tras años de sanciones económicas, presión diplomática y amenazas abiertas de “cambio de régimen” por parte de sucesivas administraciones estadounidenses, con Trump escalando en 2025 el discurso y los preparativos para una intervención directa. Washington había designado como organizaciones terroristas a estructuras criminales asociadas al Estado venezolano, como el llamado Cartel de los Soles, que según las acusaciones estaría dirigido por el propio Maduro.
Gobiernos de todo el mundo reaccionaron con preocupación frente a los ataques, con algunos aliados de Estados Unidos celebrando la caída del líder chavista y otros advirtiendo sobre las implicancias de una intervención armada unilateral en términos de derecho internacional y estabilidad regional. Organismos multilaterales y diversas cancillerías latinoamericanas han reclamado evitar una escalada mayor, enfatizando la urgencia de una salida política que incluya elecciones creíbles y garantías para la población civil.
Crisis económica y desafío humanitario
El ataque encuentra a Venezuela sumida en una prolongada crisis económica y social, con una moneda que se depreció alrededor de 80% en 2025 y una inflación que organismos independientes estiman cercana al 590% anual, reeditando el fantasma de la hiperinflación. Aunque la producción petrolera mostró cierta recuperación y se registró un modesto crecimiento, el beneficio se concentró en sectores específicos mientras la mayoría de la población sobrevive con salarios que rondan 1 dólar mensual y depende de bonos estatales como el llamado “bono de guerra económica”.
En este contexto, la intervención militar y la posible reconfiguración del poder político abren nuevas incertidumbres sobre precios de combustibles, abastecimiento interno y el impacto global en los mercados de petróleo. Millones de venezolanos dentro y fuera del país observan los acontecimientos con la esperanza de un cambio, pero también con el temor de que la salida de Maduro no implique el fin del chavismo ni de las dinámicas de exclusión y violencia que han marcado los últimos años.
