Santiago, 11 mar (Sputnik).- El clásico sistema de votación que rige en Chile desde hace años, con bolígrafos, papel y urnas de plástico, ha logrado prevalecer en el tiempo sin ningún tipo de modernización ni cambio importante debido a su probada eficacia y eficiencia, reconocida incluso a nivel internacional.
Pero la pandemia del covid-19 logró lo imposible. Tras años de desechar cambios como el voto por correspondencia, el sufragio electrónico, el voto por internet o a distancia, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera propuso al Congreso que las próximas elecciones de abril se realicen en dos jornadas y no en una sola como ha sido siempre, con el fin de evitar aglomeraciones y contagios.
A pesar de que los casos de coronavirus venían en aumento desde diciembre del año pasado, el Ejecutivo puso foco en otros temas y postergó para comienzos de este año la redacción del proyecto, confiado de que el trámite en el Congreso sería expedito.
No obstante, en enero Piñera comenzó a darse cuenta de que la reforma no encontraría el apoyo que ellos creían. Muchos legisladores, incluso del propio sector del Gobierno, manifestaron legítimas dudas sobre hacer un cambio tan grande a solo meses de la elección. Sobre todo por la importancia de la jornada: por primera vez se votarán los candidatos a la Convención Constituyente.
Sin quererlo, el mandatario logró unir a comunistas (izquierda), republicanos (derecha), frenteamplistas (izquierda) y autoridades de Renovación Nacional (derecha) contra un proyecto que se fue entrampando en el Congreso.
Tras varias votaciones en contra, otras a favor, comisiones mixtas e intervenciones de diversos ministros, recién este jueves 11 de marzo, exactamente a un mes de una de las elecciones más importantes del último tiempo, la reforma pudo ver la luz y ser despachada a la sede de Gobierno para ser firmada por Piñera.
La elección se realizará por primera vez en la historia en dos jornadas, el 10 y 11 de abril.
La tarea titánica quedó ahora en manos del Servicio Electoral, que deberá ingeniárselas para implementar en un 31 días un sistema nuevo y complejo, que aún no convence a todo el mundo.
UN PROCESO DIFÍCIL
En ningún proceso electoral anterior se habían registrado tantos candidatos como este. Hay más de 20.000 personas compitiendo por alguno de los 2.768 cargos en disputa: alcaldes concejales, constituyentes y gobernadores regionales. Como ejemplo, una persona que vota en la comuna de Pudahuel (zona norte de Santiago) tendrá cuatro papeletas, la de constituyentes tendrá 59 nombres y la de concejales, 103.
Por primera vez, los chilenos votarán por constituyentes y por gobernadores regionales (este último cargo nunca antes se había electo por sufragio popular), lo que podría generar varias dudas a la hora de marcar el voto. Todo esto generará que el elector, tanto por desinformación como por la dificultad de doblar un papel con más de 100 nombres, demore varios minutos en la caseta de sufragio, haciendo el proceso más lento y engorroso de lo normal.
Los funcionarios de las Fuerzas Armadas deberán custodiar durante toda la noche las 184.000 urnas dispuestas en las 46.000 mesas de votación en 2.7000 establecimientos en todo Chile, evitando robos, fraudes y otras eventualidades. Además, los locales de votación aún no están definitivamente elegidos.
Y por si fuera poco, los funcionarios del Servicio Electoral deberán coordinar con las autoridades sanitarias los protocolos para mantener a raya a toda personas que incumpla las normativas sanitarias, garantizando un proceso que no implique un aumento masivo de contagios de covid-19.
DUDAS
Durante toda la discusión legislativa del proyecto, los parlamentarios que se manifestaron más contrarios a aceptar la votación en dos días se ubicaron en los extremos de la derecha y la izquierda. Ambos grupos utilizaron argumentos muy distintos, pero ocuparon el mismo botón para votar en contra del documento.
Desde el sector más progresista de la izquierda cuestionaron que sean los militares quienes estén a cargo de las urnas durante la noche del sábado para el domingo, a pesar de que por ley las Fuerzas Armadas tendrán prohibido ingresar a las salas donde quedarán las cajas con los votos.
“Los militares están deslegitimados y no pueden ser garantes de un proceso de custodia de urnas”, señaló uno de los líderes del Partido Comunista, Daniel Jadue, durante una entrevista a un medio local.
Desde el otro bando de la política, los parlamentarios argumentaron que podría producirse un desorden y acusaciones de fraude que enlodarían el proceso. El diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, señaló a Sputnik que “los candidatos que no tengan capacidad para dejar apoderados de mesa custodiando las urnas en la noche alegarán fraude y acusarán a los militares. ¿Cuántos soldados perderán su trabajo por acusaciones falsas?”.
“Además hay otros problemas. Los vocales de mesa deberán trabajar dos días y no solo uno. ¿Qué pasa con aquellos que tienen micro y pequeñas empresas? ¿Van a perder dos días de trabajo?”, dijo. Además, aprovechó de golpear a su propio sector y al Ejecutivo. “Este fue un proyecto hecho a última hora como un traje a la medida para algunos candidatos”, cerró.
Una teoría que ronda en los medios y que tiene relación con lo último que dijo el diputado Romero es que todos los argumentos emitidos por los parlamentarios, alcaldes y autoridades en contra de este nuevo sistema responde realmente a la calculadora electoral. “Los candidatos de los extremos se sienten más cómodos cuando vota menos gente, porque tienen más control para movilizar a sus votantes”, dijo al diario La Segunda el politólogo de la Universidad Central, Marco Moreno.
Pero la ley ya comenzó a regir y este teoría quedará sólo en la conciencia de los que argumentaron. Y en las urnas. (Sputnik)
