Una creciente marea de noticias falsas y desinformación domina las discusiones previas al Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año se celebran en Etiopía, una nación que liberó a periodistas encarcelados como parte de un amplio proceso de reforma. En vísperas de la conmemoración de la fecha el viernes, profesionales y expertos en medios de comunicación hicieron sonar las alarmas y discutieron vías para combatir una desinformación que, según apuntaron, se está convirtiendo en una “amenaza para la democracia”.
“El establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”. Con ese espíritu fue realizada la declaración de Windhoek, el día 3 de mayo de 1991, por los participantes del Seminario para la promoción de una prensa africana independiente y pluralista que se celebró en Windhoek, Namibia.
Unos años más tarde, en 1993, la UNESCO proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en honor a lo sucedido en el continente africano.
Los ataques contra la prensa no tienen consecuencias exclusivamente para el mundo de la comunicación sino que tienen su correlato, explican los expertos, en la calidad de nuestras democracias. “Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades”, dice sobre el tema Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El organismo realizará el 3 de mayo un acto en Etiopía, uno de los pocos países del mundo que en el último año presentaron un avance en materia de libertades de prensa y expresión bajo el lema “Medios para la democracia: periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación”.
En el diagnóstico global sobre la libertad de prensa un capítulo aparte se lleva el fenómeno de las fake news. Se trata de un problema global de magnitud que ya ha sido responsabilizado por resultados electorales en varios países del mundo. De acuerdo con la presidenta de la SIP, se trata de un problema difícil de combatir.
“Cualquier regulación puede ser un boomerang contra la libertad de prensa, porque la línea entre regulación estatal y la censura es muy delgada. Ahí entra la responsabilidad de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en la circulación de información certera, y por eso urge desarrollar herramientas para detectar qué es y qué no es fake news”, explica.
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó con motivo de la fecha conmemorativa una clasificación mundial sobre la libertad de prensa, con un análisis de la situación en 180 países y territorios y, de nuevo, una alerta sobre los riesgos y peligros que atraviesa la práctica periodística, además de las consecuencias para las democracias. Sólo 24% de los 180 países y territorios analizados registran una situación “buena” o “más bien buena” en este tema, mientras que el año anterior ese porcentaje era del 26%.
RSF advierte sobre “la instauración de una mecánica de miedo muy perjudicial para el ejercicio del periodismo. La hostilidad hacia los periodistas, incluso el odio transmitido por dirigentes políticos en numerosos países, ha dado lugar a actos de violencia cada vez más graves y frecuentes, incrementado así los peligros que enfrenta la prensa y provocando un grado de miedo inédito en algunos lugares”. Así lo afirmó Christophe Deloire, su secretario general, quien agrega: “Si el debate político cae subrepticia o manifiestamente en un ambiente de guerra civil, en el que los periodistas se vuelven víctimas expiatorias, los modelos democráticos están en gran peligro”.
En la Clasificación 2019 de RSF, Noruega mantiene el primer lugar por tercer año consecutivo, mientras que Finlandia ocupa el segundo, superando a los Países Bajos, debido a que allí dos periodistas especializados en el tema del crimen organizado deben vivir bajo protección policíaca permanente. Por su parte, Suecia descendió una posición hasta el tercer puesto debido al recrudecimiento del ciberacoso.
En el fondo del listado, algunos regímenes autoritarios han incluso empeorado en sus posiciones. Es el caso de Venezuela, que cayó 5 puestos hasta el lugar 148º debido a que los periodistas se enfrentan detenciones y actos de violencia por parte de las fuerzas del régimen. Un puesto por debajo de Venezuela se ubicó Rusia, donde el gobierno incrementó las presiones que ejerce en los medios de comunicación independientes y su control sobre Internet, valiéndose de detenciones, registros arbitrarios y leyes liberticidas.
Nicaragua, Venezuela y México
En el marco del Día mundial de la libertad de prensa y cuando transcurrió más de un año del comienzo de la represión ejercida por el gobierno de Nicaragua contra las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, Amnistía Internacional alertó sobre la “deplorable” situación del país centroamericano. “Las valientes personas que se dedican al periodismo y quienes trabajan en los medios de comunicación han enfrentado ataques mientras cubren protestas y han sido hostigados y perseguidos por ejercer su libertad de expresión y hacer su trabajo. Otras, como Lucía Pineda y Miguel Mora del canal 100% Noticias, han sido detenidas y continúan en prisión. Ante esta situación, más de 70 periodistas y personal de medios de comunicación se han visto obligados a salir del país”, denunció Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional.
Además, casi al comienzo de las protestas, el 21 de abril de 2018, se reportó el asesinato por medio de disparos de armas de fuego del reportero nicaragüense Ángel Gahona en Bluefields cuando cubría en vivo las protestas. Otros nueve periodistas resultaron heridos en las mismas fechas. Posteriormente, el 30 de mayo, durante la Marcha de las Madres, las instalaciones de 100% Noticias, en Managua, y Radio Darío, en León, fueron atacadas. El 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó con violencia las instalaciones del medio digital El Confidencial, y de los programas televisivos “Esta Noche” y “Esta Semana”, todos reconocidos por su trabajo crítico de periodismo de investigación. Asimismo, se conocieron reportes de acoso constante contra periodistas y directivos de medios como La Prensa, Radio Darío, Radio Mi Voz y Canal 12, entre otros.
En Venezuela la situación no es más alentadora. En la última semana, diferentes organizaciones han alertado sobre la censura informativa impuesta por el régimen de Nicolás Maduro al restringir servicios de Internet, medios digitales, radio y televisión, en reacción a las movilizaciones de protesta contra su Gobierno convocadas por el presidente encargado del país, Juan Guaidó, y el dirigente opositor, Leopoldo López.
Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPyS Venezuela) el 30 de abril se registraron 19 casos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos digitales en el país. Los usuarios de Cantv, Movistar y Digitel tuvieron dificultades para acceder a Twitter, Instagram, Facebook, Periscope, YouTube y Google.
Además, hubo 11 detenciones, robos y agresiones contra periodistas, provenientes de grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró la señal de los canales CNN Internacional y BBC Mundo. Tanto CNN en Español como NTN24 de Colombia permanecen censurados. La misma situación vive Infobae desde el 10 de octubre de 2014.
Por último, México continúa destacándose en todos los rankings internacionales por los altos índices de violencia y por cómo los mismos afectan a la libertad de prensa. La manifestación más brutal de este problema, marcado por la influencia y el poder que sectores del narcotráfico manejan en el país, se manifiesta en los números de asesinatos a periodistas. Sólo en el último año, desde mayo de 2018, nada menos que 16 periodistas o reporteros fueron asesinados en México.
A esto se sumó la reducción abrupta del presupuesto en publicidad oficial del gobierno de Manuel López Obrador, sumada a que el 1° de enero entró en vigor la Ley General de Comunicación Social (LGCS), votada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Esta ley fue criticada en su momento porque no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. Dicha ley no se ha derogado. Debido a este cuadro, las organizaciones reclaman una mejora en los actual -y deficientes- mecanismos de protección. De las 790 personas bajo este mecanismo, 292 (un 37%) son periodistas. Sin embargo, incluso el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas admitió las fallas en el mecanismo creado en 2012 y afirmó que deberá revisarse.
Con Información de THE TIMES CHILE
