En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss; la subsecretaria de Previsión Social, Jeanette Jara; y el director del Instituto de Seguridad Laboral, Jaccob Sandoval, promulgó la ley que modifica la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros.
Según dicha normativa, para los efectos de otorgar prestaciones de salud, si el afectado es “empleado”, puede acceder a toda la red de prestadores con las que cuenta el sistema, tanto público como privado. Sin embargo, si es un “obrero”, no puede acceder libremente a la red asistencial ni pública, ni privada, quedando la atención limitada a los establecimientos pertenecientes a los Servicios de Salud.
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesta en marcha por la Mandataria en agosto del 2016, estableció la eliminación de esta discriminación como su medida más simbólica para igualar derechos de trabajadores sin distinciones, equiparando las condiciones de acceso a las atenciones médicas y al pago de licencias.
La Gobernante valoró este cambio en la legislación y explicó que “lo que nos ha guiado a lo largo de toda la ruta es la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Precisamente, la ley que promulgamos hoy es un nuevo paso en ese sentido, porque termina con una discriminación que ha durado demasiado y que menoscaba a muchos trabajadores”.
El proyecto se originó en mociones refundidas de las diputadas y diputados DC Juan Morano, Aldo Cornejo, Iván Fuentes, Pablo Lorenzini, Sergio Ojeda, Yasna Provoste, Gabriel Silber, Víctor Torres y Patricio Vallespín; el PS Osvaldo Andrade; los PPD Miguel Ángel Alvarado y Felipe Letelier; la PR Marcela Hernando, y los entonces independientes Alejandra Sepúlveda y Vlado Mirosevic.
La Ley actualiza el concepto de trabajador, eliminando la referencia a empleado u obrero y sustituyéndola por la mención a “a toda persona que preste servicios por cuenta propia o como dependiente de alguna entidad empleadora”. Establece la afiliación al Instituto de Seguridad Laboral en caso de que los empleadores no adhieran expresamente a alguna Mutualidad.
El Instituto de Seguridad Laboral será gestor público del sistema y, por tanto, deberá otorgar a sus afiliados las prestaciones monetarias, preventivas y médicas. Para cumplir con su misión, podrá generar convenios de prestaciones con los Servicios de Salud, con las Mutualidades de Empleadores, o con otros establecimientos de salud públicos o privados.
Esta es una medida beneficia a cerca de 350 mil trabajadores y trabajadoras, entre ellas trabajadoras de casa particular, manipuladoras de alimentos y temporeras.
“Con esto igualamos el acceso a salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras, nivelando sus derechos y asegurando que todos sean bien atendidos cuando sufren un accidente laboral o padecen una enfermedad profesional. Con esta ley damos un nuevo paso en la dirección de modernizar nuestro sistema de seguridad en el trabajo, incorporando un principio de equidad y de inclusión”, subrayó la Jefa de Estado.
Y enfatizó que “decimos fuerte y claro que no queremos más que existan trabajadores de primera y segunda categoría en Chile, porque esas distinciones odiosas no tienen cabida en una patria justa, que valora y necesita el esfuerzo y de todos y todas.
Finalmente, la Presidenta Bachelet destacó que “este logro es uno más de los pasos que hemos dado en materia de equiparar relaciones laborales y garantizar mejores condiciones para quienes trabajan. Logros que, en diferentes ámbitos, hoy suponen un trato más justo, digno y humano a cada persona que pone su esfuerzo al servicio de nuestra patria. Así es como avanzamos en crecimiento, pero también caminamos hacia un desarrollo inclusivo, más justo, que no deja a nadie atrás y que nos engrandece en todo sentido como sociedad de iguales”.
