Santiago, 9 mar (Sputnik)- No fue como imaginó el inicio de su Gobierno ni era su plan original hacerlo así. El presidente de Chile, Gabriel Boric, en su época de candidato y diputado, fue contrario a la estrategia de militarizar zonas para contener la delincuencia. “La solución nunca es más violencia”, dijo en 2021 en el Congreso, mientras votaba en contra de una solicitud de estas características en el sur.
Pero la realidad golpeó en la cara al líder izquierdista una vez que asumió el cargo máximo y él mismo acusó recibo de aquello, usando un clásico adagio chileno: “Nos dimos cuenta de que otra cosa es con guitarra”, afirmó en 2022, evidenciando la diferencia entre ser oposición y estar sentado en el escritorio presidencial tomando decisiones.
En mayo del año pasado, Boric notó que la estrategia de diálogo que desarrolló durante meses para abordar los constantes ataques incendiaros que sufren hace décadas las empresas forestales, predios agrícolas e iglesias en las regiones de La Araucanía y el Biobío en el marco del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en el sur no era suficiente y optó por implementar el mismo plan de su antecesor, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022): imponer un estado de emergencia en la zona.
Según datos de la Subsecretaría del Interior, los atentados y hechos violentos en el sur disminuyeron un 35% desde que comenzó la medida, en comparación con el promedio de lo registrado en años anteriores.
Para abordar la otra crisis de seguridad que se desarrolla en el norte del país, Boric instauró este año otra militarización, pero no con un estado de excepción constitucional, sino aplicando una nueva ley llamada Protección a Infraestructura Crítica, que le otorga una facultad especial al Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas si es que considera que algún establecimiento, empresa o instalación de utilidad pública nacional corre peligro grave o inminente.
La región de Tarapacá, en el norte de Chile, donde está la frontera con Bolivia y la mayoría de los pasos fronterizos irregulares hacia el país, es considerada la zona más violenta. El año pasado, Tarapacá lideró la tasa de homicidios con 13 casos cada 100.000 habitantes, muy por sobre el promedio nacional de 3,6.
En esta región se registran delitos denominados “importados”, poco recurrentes en otras partes del país, como el sicariato y los secuestros.
La militarización en la frontera norte ya cumplió dos semanas y el Gobierno de Boric hizo un balance positivo. “Ha sido un despliegue efectivo. Los vecinos y autoridades del lugar coinciden en que la zona está más ordenada y la detección de personas que entran por pasos irregulares a Chile se ha logrado aumentar en cinco veces”, aseguró la ministra del Interior, Carolina Tohá, a radio Duna.
La nueva ley faculta a los uniformados a realizar controles de identidad, registro de equipaje y detenciones fronterizas. El posible uso de la fuerza que necesiten aplicar los soldados preocupa a sectores de izquierda y organizaciones civiles por posibles vulneraciones de derechos. “Las Fuerzas Armadas no están capacitadas y no tienen en su función el orden público”, afirmó a radio Universidad de Chile una de las consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Valdés, pidiendo la creación de un protocolo claro y cursos de capacitación para uniformados.
ZONA CENTRO
También existe una crisis de seguridad en la zona centro del país, marcada principalmente por el aumento de la delincuencia común en Santiago y en las demás urbes. De hecho, en todas las encuestas de opinión pública la delincuencia es la problemática que lidera todas las listas de preocupaciones de los chilenos.
Según la última consulta del Centro de Estudios Públicos de Chile (CEP) realizada a comienzos de este año, un 60% de los consultados mencionó el orden y la seguridad como su principal inquietud, muy por delante de la salud, que obtuvo un 32%. Asimismo, la encuesta marcó un alza significativa en la aprobación ciudadana a Carabineros (policía militarizada), la Policía de Investigaciones (policía civil) y las Fuerzas Armadas, instituciones cuya imagen se desplomó en 2019 producto de la represión en el estallido social.
El Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), organismo ligado a la Subsecretaría del Interior, emitió un informe indicando que los robos con violencia o con intimidación aumentaron en un 63,1% en 2022 a nivel nacional, en comparación con el año anterior; el robo con sorpresa creció un 61,2% y los robos en lugares no habitados, un 56,4%.
“Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, dijo Boric en octubre del año pasado en entrevista con radio Sol de Antofagasta (norte), una frase duramente criticada por su propio sector por lo rimbombante. Posteriormente, el mismo mandatario reconoció que el enunciado no había sido afortunado y se retractó.
En ese contexto, el presidente presentó una estrategia de 10 ejes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país. A través de la redacción de múltiples proyectos de ley que ya fueron ingresados al Congreso Nacional, el mandatario buscará dotar de más facultades a las policías y a la Fiscalía; desbaratar la economía de las bandas criminales; disminuir su poder de fuego; perseguir sus redes en las cárceles; entregar más equipamiento y tecnología a los entes persecutores; actualizar los marcos normativos y legislativos de los delitos y dar formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan los crímenes. (Sputnik)
