El debate sobre el sistema chileno de pensiones está en su punto más caliente desde el estallido social, luego de que este miércoles la Cámara de Diputados haya aprobado la idea de legislar una reforma constitucional que permita a la ciudadanía retirar parte de sus fondos destinados a sus futuras jubilaciones, para afrontar la crisis de la pandemia.
En síntesis, la posible modificación plantea que los ciudadanos afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan poseer hasta el 10 % del monto acumulado en sus cuentas. Sin embargo, la cantidad máxima, más allá de las proporciones, sería de 4,3 millones de pesos (5.400 dólares). En caso de que ese 10 % no supere el millón de pesos (1.250 dólares), igual podrían retirar un millón, incluso si ello equivale a la totalidad del fondo acumulado.
Por el momento, se trata solo de una propuesta y todavía resta un arduo debate legislativo, en ambas cámaras del Congreso chileno. De hecho, el proyecto podría tener modificaciones a medida que avancen las negociaciones parlamentarias, aunque la idea principal ya fue instalada en el edificio de Valparaíso, causando todo tipo de reacciones.
Así, la intención de impulsar los cambios es apoyada por los siguientes partidos: Comunista, Socialista, Progresista, Por la Democracia y Revolución Democrática, junto a otras organizaciones. Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera se muestra como detractor, aunque ello cause muchas tensiones al interior de la alianza gobernante. En efecto, 13 diputados de la coalición oficialista Chile Vamos votaron a favor de iniciar el debate, desoyendo las recomendaciones del mandatario. Y, hasta el jueves, al menos ocho legisladores de Renovación Nacional, un frente aliado del Ejecutivo, presentaron su renuncia.
¿Cómo funcionan las jubilaciones en Chile?
A diferencia de países vecinos como Argentina, donde esta clase de pensiones son administradas por el Estado, en Chile el sistema de las AFP es privado. El mecanismo fue instaurado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, y tuvo como protagonista al entonces ministro de Trabajo, José Piñera, hermano del actual jefe de Estado.
Así, desde los días del Gobierno de facto hasta hoy, los chilenos deben aportar el 10 % del salario a estas firmas que manejan sus fondos, bajo la promesa de hacerlos crecer mediante diversos instrumentos financieros. En teoría, al momento de retirarse y finalizar la vida laboral, los jubilados del país sudamericano deberían percibir el 70 % de su sueldo en concepto de pensiones. No obstante, son muchas las personas que ven incumplida esta premisa, aumentando el malestar.
Con ese contexto, las críticas al actual sistema de pensiones, considerado injusto por gran parte de la ciudadanía, es uno de los reclamos principales de la revuelta social iniciada en octubre del año pasado. Entre las consignas más presentes durante las manifestaciones, se cuestionó el uso que las AFP hicieron de los aportes de los trabajadores.
En un reciente estudio, la Fundación SOL señala que las pensiones presentan “una alta insuficiencia de los montos para superar indicadores como Salario Mínimo y Línea de la Pobreza”. Así, hacia fines del 2019 se entregaban más de 980.000 jubilaciones bajo esta modalidad. De ese total, el 50% de los pensionados obtuvo menos de 202.000 pesos (256 dólares), un monto que se reduce a 145.000 (184 dólares) si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario, que otorga el Estado.
También salieron a la luz otras desigualdades: la misma organización revela que, en promedio, un jubilado de las fuerzas de seguridad —bajo la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)— percibe cuatro veces más que un civil bajo las AFP y las compañías de seguro.
¿Pan para hoy, hambre para mañana?
Apenas se conoció que los diputados chilenos se proponen analizar una eventual reforma, aparecieron voces a favor y en contra.
“Queremos que los ciudadanos decidan respecto de su patrimonio y lo que van a hacer para proveer a su familia de lo que necesitan, para pasar las consecuencias de esta dura pandemia”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker. “Si Chile ya tenía un problema de suficiencia de pensiones a largo plazo, pues obviamente mañana tendrá un problema mayor“, replicó el jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolin.
De forma conjunta, el sociólogo Jorge Valdebenito y el economista Cristian Cataldo explican el panorama para RT: “Al día siguiente de la aprobación en la Cámara, los mercados bursátiles locales abrieron con números rojos, un tipo de cambio del dólar al alza y con menores expectativas que presionan a la baja el valor de los activos”.
En otras palabras, “esto es porque la extracción del 10 % de los fondos previsionales obligaría a las AFP a cambiar los títulos financieros por dinero efectivo para pagar el retiro”. Más en detalle, acotan: “Su consecuencia sería la liquidación de más de 2.500 millones de dólares”.
Frente a este escenario, los expertos advierten: “Las proyecciones indican que el retiro impactaría negativamente en una diversidad de aspectos macroeconómicos. Empero, el efecto directo podría darse sobre los bolsillos de la clase trabajadora“. Sobre este punto, Fundación SOL estimó que el retiro anticipado de fondos podría reducir las futuras jubilaciones entre el 1 % y 9 %, dependiendo la edad y el sexo del individuo. “Si el objetivo es lograr pensiones dignas en el país, por sobre modificaciones al interior del sistema previsional vigente, es necesario su reemplazo por uno nuevo”, concluyen Valdebenito y Cataldo.
Mientras tanto, los sitios web de las AFP ya presentaron saturaciones ante la avalancha de consultas de chilenos para retirar su dinero. Por ello, la Superintendencia de Pensiones pidió calma a la ciudadanía.
Leandro Lutzky
