Santiago, 25 jul (Sputnik).- Para la derecha chilena, hay dos problemáticas descontroladas en el país que van al alza y se vinculan entre ellas: la delincuencia y la inmigración.
“Ha habido un importante aumento de la delincuencia común y también del crimen organizado, hemos recibido migrantes sin control, han ingresado personas con antecedentes delictuales. Le pido al Gobierno que haga un plan de trabajo para enfrentar estos temas”, señaló el empresario y senador derechista Juan Carlos Prieto en el Congreso Nacional el 28 de junio, día en que se realizó una sesión especial para abordar el aumento de la delincuencia, evidenciando que para ese sector político el diagnóstico es uno: la ola de migración irregular que se desbordó durante la pandemia está directamente ligada a problemas de orden público y de seguridad.
Esto mismo motivó a un grupo de parlamentarios del partido Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha) a redactar tres proyectos de ley y presentarlos al Congreso como una especie de paquete de medidas destinadas a agilizar las expulsiones de migrantes que tengan antecedentes penales, o que hayan sido condenados en Chile por algún delito.
La primera iniciativa establece una obligatoriedad legal al Ejecutivo para que decrete, con un plazo máximo de 60 días, la expulsión de todos los migrantes condenados por delitos cometido en Chile.
El segundo, obliga a los tribunales de justicia a sustituir el cumplimiento de la pena en una cárcel chilena por el destierro, además de impedir que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años. Y el tercer proyecto, amplía el catálogo de delitos por los que se puede expulsar una persona, añadiendo hurtos, microtráfico, robos, entre otros.
RAZONAMIENTO EN DESGLOSE
Para cada proyecto de ley, los derechistas plantean un argumento particular. En primer lugar, se inclinaron por redactar una iniciativa que interpele y obligue al Gobierno a decretar expulsiones porque consideran que durante el mandato del presidente Gabriel Boric, no se utilizó de forma suficiente la facultad administrativa destinada a este objetivo.
“En los últimos meses, el Gobierno solo ha expulsado cuatro personas por el método administrativo y todos los demás extranjeros condenados por delitos han sido expulsados por los tribunales de justicia. Lo que buscamos es obligar al presidente a que decrete todas las medidas posibles y que use todas sus facultades. Queremos obligarlo a través de la ley”, dijo a Agencia Sputnik el diputado de la UDI, Henry Leal.
El derechista explicó que el segundo proyecto lo presentaron porque consideran más eficiente en términos fiscales echar a un migrante que cometió un delito, que internarlo en una cárcel chilena y expulsarlo al final de su condena. “Para el Estado, mantener un reo significa un gasto de recursos. Se calcula que cada preso le cuesta unos 800.000 pesos mensuales al país (unos 854 dólares). ¡Queremos que los delincuentes se vayan! Hay que mandarlos de vuelta a sus países”, afirmó el parlamentario.
En la misma línea, Leal afirmó que si esta moción se aprueba en el Congreso, será una buena noticia para los actuales presos, ya que ayudaría a solucionar la problemática del hacinamiento en las cárceles chilenas. “Las cárceles en este país están completamente saturadas. El Estado actualmente está incumpliendo su obligación de mantener la integridad de los presos y un proyecto así puede contribuir para descongestionar. “, dijo.
Un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos publicado este año reveló que en 37 de las 83 cárceles de Chile se registró un nivel de ocupación superior a su capacidad, 19 de los cuales superan incluso el 140 por ciento de ocupación.
Por último, Leal defendió la tercera iniciativa que añade delitos al catálogo de expulsión, señalando que busca subsanar un problema de la actual legislación sobre migraciones. El diputado afirma que, actualmente, delitos menores como microtráfico, hurto, lesiones o robo no son considerados en los planes de expulsión administrativa.
El pasado viernes 22 de julio, la bancada de los diputados UDI fueron a La Moneda, la sede del Gobierno, y entregaron en secretaría una carta en que le pidieron al presidente Gabriel Boric hacerse parte de estos proyectos.
Los derechistas le solicitaron que patrocine con su firma los documentos y también, que le otorgue urgencia legislativa, herramienta que faculta al presidente para darle prioridad a ciertas mociones. Para los parlamentarios, la seguridad y la migración es una problemática nacional y por eso apuntan a que estos proyectos tengan apoyo transversal en el hemiciclo.
“El tema de la seguridad es lo que más afecta hoy en día a los chilenos y por eso, estos proyectos deben ser aprobados.
Creemos que es muy difícil que un diputado se oponga a legislar sobre estas temáticas viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el norte del país, con una ola migratoria descontrolada que tiene a la zona en una crisis. Estas son iniciativas con mucho apoyo popular y esperamos que pueda avanzar en su discusión legislativa”, cerró Leal.
CRISIS MIGRATORIA
En 2021 se desató una crisis migratoria en el norte de Chile por el ingreso masivo de personas que utilizaron pasos no habilitados desde Bolivia, lo que generó varios cambios en la legislación migratoria nacional e impulsó algunas medidas de emergencia en la zona para frenar el ingreso.
La crisis generó varias situaciones inéditas en el país, como marchas antiinmigrantes, muchas de las que terminaron en hechos violentos e incluso, con quemas a campamentos de extranjeros.
Sin embargo, también hubo manifestaciones pacíficas donde los locales protestaron acusando un aumento sostenido de los delitos violentos desde que empezó a crecer la migración irregular.
El expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) decretó estado de excepción constitucional en la el norte y militarizó la zona fronteriza.
Gabriel Boric, durante su candidatura presidencial, aseguró que no era partidario de la militarización como método para solucionar el conflicto, pero una vez que asumió el cargo decantó por continuar medida impuesta por su predecesor, lo que se extendió hasta abril de este año.
Según estimaciones de la Policía de Investigaciones (policía civil) entregadas al medio Ex-Ante, entre marzo y mayo de este año ingresaron unos 20.300 extranjeros por pasos no regulares, principalmente venezolanos que entraron por territorio boliviano, lo que significó un alza de un 135% respecto al mismo periodo de 2021. (Sputnik)
Francisco Bravo Atias
