Santiago, 12 de junio de 2025.- Cinco senadores, Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), impulsan un proyecto que modificaría el Código Procesal Penal para sancionar a quienes “informen, divulguen o difundan” antecedentes de investigaciones reservadas. La ambigüedad del texto ha encendido las alarmas.
El proyecto, contenido en el boletín 17.484-07, no distingue entre funcionarios públicos y terceros, lo que habilitaría sancionar también a periodistas, medios de comunicación o ciudadanos que compartan datos sobre causas en desarrollo.
Casos emblemáticos y el trasfondo político
La iniciativa surge en un contexto donde causas como ProCultura, Caso Hermosilla y el Caso Monsalve han revelado vínculos entre el poder político y eventuales actos de corrupción. Paradójicamente, algunos de los impulsores del proyecto han sido mencionados en investigaciones recientes.
Organizaciones periodísticas y expertos denuncian que esta legislación permitiría perseguir penalmente a quienes revelen información incómoda, amparándose en la figura del “secreto de investigación”.
¿Garantía de justicia o herramienta de opacidad?
Si bien los senadores alegan que la reforma busca proteger la privacidad y el éxito de las investigaciones, existen leyes ya vigentes que sancionan a fiscales, policías y jueces por filtraciones indebidas. Para críticos, el proyecto extiende esa lógica a quienes difunden la información, sin considerar si actúan en función del interés público.
“El que informare o divulgare antecedentes de una investigación amparada por el secreto” podría enfrentar penas de presidio menor en su grado medio a máximo, indica el articulado, sin especificar si el castigo aplica exclusivamente a funcionarios.
Comparaciones internacionales poco consistentes
Los senadores citan el caso francés de Giséle Pelicot como ejemplo de una legislación efectiva para evitar filtraciones. Sin embargo, analistas locales advierten que en ese caso no se impidió la labor periodística, lo que evidencia una interpretación errónea o forzada para justificar la propuesta.
Voces en contra: ¿un nuevo intento de silenciar?
En 2016, una moción similar fue ampliamente rechazada por organizaciones periodísticas y no prosperó. Hoy, el nuevo intento enfrenta las mismas críticas: se considera una medida desproporcionada que limita el derecho a informar sobre casos que implican fondos públicos, uso de poder o corrupción institucional.
El fiscal nacional Ángel Valencia ha reconocido la dificultad de controlar las filtraciones cuando la información ya no está en manos del Estado, pero también ha subrayado que el enfoque debe estar en los actores del sistema, no en quienes informan.
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