Santiago, 15 nov (Sputnik).- El presidente chileno Gabriel Boric concretó la semana pasada el primer viaje de su mandato a la región de La Araucanía, en el sur del país. Su visita dejó una serie de hitos, entre ellos, un profundo cambio de tono en el discurso.
Sobre el histórico conflicto que enfrenta al Estado chileno con el pueblo mapuche por la reclamación de sus tierras ancestrales en el sur, y cuyas tensiones han desatado una ola de violencia, Boric ha sido siempre cauto. El presidente usó siempre términos como “hechos de violencia” o “delincuencia” para referirse a los ataques incendiarios, pero en esta visita utilizó otro término.
“Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.
Ante la sorpresa de los habitantes, que por primera vez escuchaban ese concepto en la boca de Boric para referirse a lo que pasa en su zona, el jefe de Estado optó por ejemplificar. “Lo que pasó con el ataque al molino Grollums, cuando atacaron a Helmut, Cristian y Carlos, una situación terrible donde terminaron quemando el molino, fue un acto de carácter terrorista”.
El incidente en el molino Grollums ocurrió a finales de agosto en la región del Biobío (sur), que también se ve afectada por los ataques incendiarios.
La estructura, que tenía más de 100 años, resultó completamente destruida por el incendio provocado por un grupo de encapuchados. Lo más grave es que los atacantes hirieron a tres personas que había en el lugar y una de ellas perdió la pierna.
El diagnóstico del presidente fue bien valorado por los partidos de derecha. “Reconozco que el presidente Boric señale con claridad que en La Araucanía ocurren actos terroristas”, dijo en conferencia de prensa el senador por esa región José García Ruminot, militante del partido Renovación Nacional (centroderecha).
“Están operando grupos con armas de guerra para llevar adelante sus atentados y someter a la población y a las autoridades a su voluntad. Eso en todas partes es terrorismo y es necesario combatirlo con toda la fuerza de la democracia”, agregó.
LEY ANTITERRORISTA
La consecuencia directa de los dichos del mandatario fue la apertura de un debate: ¿debe comenzar a aplicarse la Ley Antiterrorista para perseguir los delitos en La Araucanía y el Biobío?
Esta ley, que otorga más facultades a la Fiscalía y a la policía, puede ser invocada por el Ejecutivo a través de una querella, pero el presidente Boric aclaró en la misma conferencia de prensa que no es partidario de usarla. “Ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones”, afirmó.
Sin embargo, declaraciones de otras autoridades oficialistas dan cabida a que el Ejecutivo no estaría cerrado totalmente a aplicarla. “El Gobierno no ha descartado el tema de la Ley Antiterrorista, solo dijo que no era una prioridad en este momento”, señaló en conferencia de prensa la presidenta del Partido Socialista (centroizquierda), Paulina Vodanovic.
“La gente no quiere impunidad, por tanto, creo que ahí hay un espacio de acuerdo en materia de legislación que permita que aquellos que cometen delitos, paguen por esos delitos”, señaló a su vez el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
Tanto Vodanovic como Monsalve coincidieron en que, antes de comenzar a usar esta ley en el sur, debe reformarse y mejorarse en el Congreso. De hecho, existe una iniciativa de la derecha para incorporar más herramientas en la ley, como agentes encubiertos, entregas vigiladas, intervención de comunicaciones efectiva, protección a testigos, entre otras.
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Para el presidente Boric, el conflicto en la zona de La Araucanía y el Biobío ha sido particularmente complejo, ya que ha sufrido duros traspiés y ha tenido que tomar decisiones que parecen contradecir sus intenciones originales en el afán de buscar soluciones.
En marzo, a comienzos de su mandato, Boric encargó a seis de sus ministros un viaje a La Araucanía para entregar una señal de acercamiento no beligerante con los actores del conflicto. La idea era no llevar contingente militar ni imponer planes seguridad, sino generar una estrategia dialogante multisectorial.
La entonces ministra del Interior de Boric, Izkia Siches, buscó dar un golpe comunicacional más potente aun e intentó entrar a una hermética comunidad mapuche, Temucuicui. Siches fue expulsada por los comuneros, quienes dispararon armas de fuego al aire para hacer sentir su molestia y evidenciar que una agenda de promesas indigenistas de un gobierno progresista como el de Boric no es suficiente para aplacar un conflicto tan antiguo.
“Pecamos de voluntarismo”, dijo posteriormente Boric, admitiendo que su primer episodio en La Araucanía fue un paso en falso y que, además, debilitó la figura de Siches, su mano derecha, quien finalmente terminó dejando el cargo en septiembre.
El viaje de Boric de la semana pasada contrastó diametralmente de esa primera visita ministerial. Carabineros (policía militarizada) desplegó un estricto plan de seguridad con más de 300 efectivos protegiendo cada uno de los pasos de las autoridades.
El segundo cambio de discurso en la zona fue sobre el tema de la militarización, que fue impuesta por el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) el año pasado para controlar los constantes ataques incendiarios en La Araucanía y el Biobío. Durante su campaña, Boric fue enfático en repetir que no impondría estado de emergencia, argumentando que la medida solo dificultaba el diálogo.
En mayo, y cediendo ante las presiones, optó por decretar la militarización y desde entonces ha solicitado una decena de veces al Congreso que se extienda. Para muchos, esto es una promesa rota de su candidatura.
El foco del viaje del presidente estuvo en su apoyo a las víctimas de los atentados y al anuncio en estrategias de seguridad. Boric informó que creará dos centros de apoyo para víctimas y destinará un fondo fiscal de ayuda para los empresarios que han visto afectado su capital de trabajo.
También, informó sobre la creación de una brigada especial para evitar el robo de madera, con personal de televigilancia móvil, procedimientos policiales especiales en diferentes fases de la cadena de producción y seguimiento a las causas judiciales de este delito, cuya autoría, los habitantes de La Araucanía atribuyen a los mismos grupos indigenistas que estarían detrás de los atentados incendiarios. (Sputnik)
