Por Javier Pelegrina*
El gobierno de la norteña provincia argentina de Jujuy – el mismo que mantiene presa sin sentencia firme desde hace casi tres años a la lideresa social y diputada al Parlasur, Milagro Salas- dio luz verde a las empresas tabacaleras y a otros grupos empresariales para emplear a menores de edad.
En lo que va de 2018, el gobierno de la alianza oficialista Cambiemos otorgó 45 autorizaciones oficiales para el trabajo de niñas y niños de entre 10 y 17 años, un medida que alarmó al país y produjo cruces a nivel político y social.
¿Qué implica ésta explotación infantil en un contexto crítico? Cuando los capitales avanzan y el Estado se desdibuja, la filosofía de la maximización de ganancias no encuentra freno, aún cuando se trate del proyecto de futuro de una sociedad.
Los datos de la primera Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) realizada por el Ministerio de Trabajo, señala a Argentina como un país que históricamente ha mantenido tasas bajas respecto de este problema y pone en relevancia la reducción de la tasa de trabajo infantil.
Este proceso se evidenció a nivel regional durante los años 2000 y 2016, en coincidencia con los períodos en que la región estuvo gobernada por proyectos políticos que promovieron procesos redistributivos e inclusivos de amplias masas de la población. Pero ¿qué sucede hoy cuando el Estado se desdibuja?
El estudio recoge información entre los años 2016 y 2017 y revela que 9,4% de los niños argentinos realiza alguna actividad productiva y que cuando se habla de poblaciones rurales, la cifra se duplica: el 20% de las niñas y niños de entre 5 y 15 años que viven en zonas rurales del país, realiza alguna actividad productiva.
El 70% del trabajo infantil del mundo, se concentra en el sector agrícola, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Expresado en números, hay en Argentina más de un millón 100.000 menores de 18 años que participan en actividades económicas, productivas o domésticas intensivas, interrumpiendo su formación y desarrollo.
Si se toma la problemática a nivel nacional, según UNICEF, en América Latina y el Caribe, unos 17,4 millones (16%) de los niños y niñas de 5 a 17 años trabaja, y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 77% realiza trabajos peligrosos. Esta cifra equivale a cinco veces la población total de Uruguay. Si el total de niños y niñas trabajadoras conformara la población de un país, sería el octavo país más poblado de América Latina sobre un total de 33.
Aunque en comparación con la tasa regional las cifras argentinas no parecen alarmantes ¿a cuánto debe llegar esta cifra para que represente un llamado de atención a nivel gubernamental? En este contexto, la actitud permisiva del gobierno de la provincia de Jujuy, frente al tema es un dato a destacar. ¿Será el inicio del ascenso de esta tasa para el país y la región?
Retrocesos
Entre las principales causas que dan origen a esta problemática social y humanitaria se encuentra la pobreza; la falta de acceso a una educación de calidad completa un círculo vicioso de origen y reproducción de este problema.
El patrón cultural, como la naturalización del trabajo infantil -en el caso argentino avalado por la Ley- complica la situación en los contextos en los que los gobiernos son más benévolos con los intereses empresariales.
Marcelo Nasiff, diputado jujeño del oficialismo , justificó el empleo de niños y niñas para “tareas livianas” como “encañar y desencañar tabaco”, en la Legislatura de Jujuy donde otros diputados opositores pidieron explicaciones.
“En el campo los chicos ayudan a sus padres, en esas frágiles economías, y muy bien les vienen algunos pesos que hacen con el trabajo que sólo los chicos pueden hacer”, justificó. Aclaró que los niños “no van a hacer cosas que no pueden hacer”, dividiendo así las tareas que estarían permitidas para el trabajo infantil de las que no.
Según Nasiff, el trabajo y las herramientas de trabajo “no matan a nadie.Es beno que todos aprendamos porque hay algunos que si de chicos ni ven una pala cuando la ven de grande se infartan”.
De acuerdo con los datos que dió a conocer la EANNA, en la región norte donde se encuentra ubicada la provincia de Jujuy, el porcentaje de niños y niñas que trabajan escala a 13%, tres puntos por encima de la cifras nacionales. Allí las principales actividades productivas, vinculadas al trabajo agrícola, configuran realidades sociales excluyentes, condenando a familias completas a trabajos forzados, en condiciones de precariedad y con salarios bajos.
No son buenos los pronósticos si se consideran, como lo plantea un informe de la OIT, las vinculaciones entre contextos de crisis financiera y el crecimiento de las cifras de trabajo infantil. Los procesos inflacionarios, la contracción de la economía y las pérdidas de puestos laborales formales, ponen en la mesa familiar el problema de la urgencia económica, que obliga a buscar alternativas.
En agosto de 2018 el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA) advirtió que el porcentaje de pobreza alcanza a 33% de la población y que uno de cada 10 personas se encuentra en situación de indigencia.
En un mundo globalizado, donde el sistema económico necesita maximizar sus ganancias para repartir entre unos pocos, la explotación laboral de niños y niñas es uno de sus destinos preferidos.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno argentino al respecto? En 2015, un fallo de la Corte Suprema de Justicia disolvió el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea), que intentaba avanzar en la fiscalización para el control del Trabajo Infantil en el campo y en la consolidación de alternativas, como espacios de cuidado para niños y niñas y programas de alfabetización y capacitación para los trabajadores y trabajadoras.
En el mismo sentido, este año, cerró la Secretaría de Agricultura Familiar, destinada a acompañar a los pequeños productores, hoy desamparados frente a los monopolios de la producción de alimento y la concentración de la propiedad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.
La definición que rige a las legislaciones respecto del trabajo infantil se expresa de manera diferente en cada país, obedeciendo a realidades particulares que “obligan” a considerar situaciones como el trabajo en el seno familiar o para el auto consumo.
La legislación argentina acompaña la definición de la OIT respecto de las prohibiciones al trabajo infantil, por considerar que interfiere con el desarrollo del niño, pero contempla tareas aceptables que se incorporan como excepciones a la norma general. Así, en la ley 26.390, artículo 189 bis, se permite el trabajo para los niños de 14 años y más en la empresa familiar, bajo ciertas condiciones.
La ley no ayuda en este contexto de disputa, donde en brutales condiciones de desigualdad y cuando no hay un Estado presente, los actores que pugnan son los poderes económicos (las empresas), en la búsqueda de maximizar ganancias, contra las familias inmersas en contextos laborales cada vez más adversos.
La crisis recrudece la voracidad de los capitales por reducir costos y pone a las familias en contextos de vulnerabilidad. La permisividad legal, lo avala.
Al analizar un poco más a fondo los datos de los niños y niñas trabajadoras en Argentina, surge que un 57,5% en el área urbana lo hace por la necesidad de ayudar a su familia por cuenta propia, mientras que, en áreas rurales, el número alcanza a 50,1%. El 5,7% de niñas y niños que trabajan, entre la población urbana, no asiste a la escuela, mientras que en el ámbito rural el porcentaje asciende a 10,1%.
En pleno siglo XXI, somos conscientes de que el trabajo infantil amenaza la integridad física y psicológica, el proceso de educación y acceso a la salud en millones de niños y niñas. En un contexto de neoliberalismo en ascenso estas desigualdades amenazan con profundizarse dejando presos a los niños y niñas en condiciones cada vez más degradantes de vida.
*Abogado, analista-redactor argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) Concejal de Luján de Cuyo, Mendoza
